Sheinbaum desactiva polémica por bloqueos y niega persecución contra transportistas

El gobierno federal entró en fase de contención luego de que declaraciones de la Secretaría de Gobernación desataran dudas sobre una posible persecución contra los transportistas y agricultores que participaron en los bloqueos registrados en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum corrigió públicamente la interpretación que circuló tras la conferencia previa y afirmó que no existe ninguna carpeta de investigación abierta por el simple hecho de manifestarse.

La aclaración se volvió necesaria después de que Rosa Icela Rodríguez señalara que cerrar carreteras constituye un delito y que algunos de los inconformes habían participado en acciones similares en el pasado. Aunque el comentario fue interpretado como una insinuación de que existían investigaciones activas, Sheinbaum insistió en que la respuesta fue sacada de contexto y que no se utilizará la ley para intimidar a quienes protesten. Esta distinción entre la norma y su aplicación es, según la mandataria, clave para evitar lecturas equivocadas.

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En el centro del mensaje presidencial está la defensa del derecho a la protesta, un tema sensible tras los bloqueos que paralizaron puntos estratégicos del país. Sheinbaum subrayó que manifestarse no es motivo de persecución, incluso si las acciones generan afectaciones temporales. Su intervención buscó enviar una señal de distensión a los gremios inconformes, que acusaron al gobierno de criminalizar sus reclamos y de etiquetarlos como operadores de la oposición.

La polémica también exhibió una diferencia de tono dentro del propio gabinete. Mientras Gobernación apuntó a la existencia de responsabilidades legales cuando se afectan vías federales, la presidenta llamó a separar la ley de la intención punitiva. El matiz es político: Sheinbaum intenta contener la narrativa de confrontación y desactivar los señalamientos de que su administración pretende frenar la inconformidad social mediante la amenaza de procesos penales.

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Los bloqueos, que involucraron a transportistas y productores agrícolas, fueron interpretados desde Palacio Nacional como una movilización con tintes partidistas. No obstante, la mandataria matizó esa lectura al insistir en que el gobierno no descalifica las demandas de fondo, aunque sí cuestiona el uso de acciones que afectan a terceros. Al negar la existencia de carpetas de investigación, buscó cerrar un flanco que ya estaba siendo aprovechado por los líderes del sector para denunciar hostigamiento.

La intervención de Sheinbaum también se inscribe en un esfuerzo por reforzar la institucionalidad de su administración. Al aclarar el episodio de manera directa, la presidenta pretende evitar que la crisis escale y genere percepciones de falta de coordinación al interior del Ejecutivo. En momentos de protesta social, la claridad del mensaje gubernamental se vuelve determinante para evitar que surjan tensiones adicionales entre gremios y autoridades.

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El episodio revela, además, el reto permanente de equilibrar la gobernabilidad con el respeto a las formas de protesta. Mientras el gobierno insiste en que existen vías de diálogo abiertas, los transportistas exigen respuestas concretas a sus demandas y reclaman que no se les etiquete como actores políticos. La corrección pública de Sheinbaum busca justamente enviar una señal de prudencia para mantener la comunicación con los sectores movilizados.

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