Sigue proceso de investigación sobre denuncias de regidores: Contralora municipal

• María Elena Camacho informó que iniciará procedimiento administrativo a regidora Eulalia Díaz; en cuanto al edil Gómez Montoya, una vez que Obras Públicas y Oficialía Mayor hagan llegar información que no han presentado aún, se determinará si procede responsabilidad por situación de conflicto de intereses
• Estimó la Contralora que a inicios de año se tendrá la resolución definitiva para saber la situación de ambos ediles

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- La denuncia interpuesta por el regidor Jesús Gómez Montoya contra la edil Eulalia Díaz Guzmán, ya fue radicada por Contraloría municipal, esto significa que iniciará un procedimiento de responsabilidades administrativas a la regidora; en cuanto a Gómez Montoya, se está en espera de que las dependencias Oficialía Mayor y Obras Públicas entreguen los informes correspondientes que aún no han llegado a la propia Regidora.

Así lo informó la contralora municipal, María Elena Camacho, que en cuanto a la edil Eulalia del Carmen Díaz Guzmán van a seguir lo que marca el procedimiento desde la notificación y se dará un plazo para que ella, en el uso de su derecho, aporte las pruebas que considere convenientes.

En el caso de Gómez Montoya, en cuanto Contraloría tenga los informes, porque ya se les solicitó por segunda ocasión a ambas dependencias municipales los entreguen, una vez recibiendo la información y derivado del análisis de todos los documentos, se determinará si procede una responsabilidad para el edil, ante el señalamiento de conflicto de intereses.

Precisó la Contralora que no concluye la investigación, apenas está empezando, porque aún están en el desahogo de las pruebas de toda la información que están entregando y están en espera de los informes de los dos funcionarios municipales en el caso de los señalamientos en contra de Gómez Montoya.

-¿Se va a actuar en firme en ambos casos?, se le preguntó

-Así es, absolutamente, de hecho por eso se está iniciando este procedimiento de responsabilidades de carácter administrativo, porque si no se considera así, no quedarían atendidos por parte de Contraloría municipal.

Ante el llamado de empresarios de que se investigue a detalle y proceda a sanciones si hay alguna responsabilidad ante los señalamientos entre ambo ediles, la funcionaria municipal indicó que por supuesto que así se hará.

Una vez que cause estado, es decir, que se llegue a una resolución definitiva, se hará del conocimiento público y será posible que se puedan abrir los expedientes y archivos de la propia Contraloría pero hasta que cause estado.

-¿En qué tiempo se podrá saber el resultado?

– Estamos en espera de que entreguen información, además hay que recordar que está por iniciar el 16 de diciembre el periodo de vacaciones para el personal, por lo que se va a interrumpir un poco por este periodo, pero creo que entrando el próximo año ya tendremos una resolución definitiva.

María Elena Camacho hizo extensiva la invitación a todos los ciudadanos, que no sea el caso nada más de ambos regidores, sino todos los ciudadanos en general que quieran denunciar algún acto de corrupción de cualquiera de los servidores públicos, o en este caso de conflicto de intereses, que acudan a Contraloría Municipal, pero “invitarlos a que sea por la vía institucional más que por la parte mediática, creando conflictos cuando se pueden atender cosas muy importantes de este municipio que necesita del trabajo de todo su Cabildo de manera muy integral, profesional y que todo sea por medio de las instituciones”.

Aclaró que Contraloría atiende solamente situaciones de carácter administrativo y una vez que presenten todas las pruebas, la resolución será en ese sentido, de carácter administrativo.

Atendiendo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se establece desde una sanción mínima a la máxima, la mínima puede ser desde un apercibimiento y la máxima hasta la inhabilitación del funcionario por un periodo de 6 años.

Y reiteró, ‘’hay que recordar cuál es el carácter en este caso y cuando se aplica una inhabilitación por 6 años, es cuando hay un daño patrimonial al Municipio’’.