Siguen “El Pez” y “El Fresa”

“El Pez” y “El Fresa”, los dos líderes de la Familia Michoacana, son ahora los mayores objetivos prioritarios del gobierno federal.

En los últimos meses, tras un poderoso despliegue de unidades especiales del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga se les han asegurado 18 propiedades en el Estado de México, Michoacán y Guerrero.

Ranchos, fincas, lujosas residencias, donde los hermanos habitaron cómodamente durante años, hoy se encuentran en poder de las autoridades.

“Siguen ellos”, afirman fuentes de alto nivel del gabinete de seguridad, en referencia a la captura de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, y uno de los jefes principales del Cártel de Sinaloa.

En octubre pasado el terror sacudió el poblado de San Miguel Teloloapan, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero. Ese día, el alcalde Conrado Mendoza, su padre y otras 18 personas que acudían a una junta fueron ejecutadas por un comando que, en plena fiesta del santo patrono, irrumpió en San Miguel.

En un video subido a redes sociales posteriormente, José Alfredo Hurtado, “El Fresa”, cómodamente sentado en un sillón mullido, acusó de la matanza al grupo de Los Tequileros y dijo que la matanza era parte de un operativo destinado a asesinarlo.

Aseguró que vivía con tranquilidad a unos pasos de la presidencia de San Miguel, y que andaba sin escolta. Según él, todos los agresores estaban muertos: “Andaba muy molesto y la verdad no dejamos ni a un cabrón ahí”, dijo.

Al otro día, el entonces subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, reveló que el autor de la masacre era el propio Fresa, quien trataba de culpar a otro grupo delictivo.

El Ejército estableció bases de operaciones en toda la región, especialmente en los municipios de Arcelia, Ciudad Altamirano, Ajuchitán, Coyuca de Catalán, Cutzamala del Progreso, Tlalpehuala, Tlachapa e Ixcateopan, en donde los hermanos Hurtado han radicado y se han movido con tranquilidad desde hace 12 años.

Al mes siguiente –noviembre de 2022–, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos acusó al Pez y al Fresa de traficar cada vez mayores cantidades de fentanilo arcoíris y señaló que para aquel país los hermanos representaban “un riesgo significativo”.

El Departamento del Tesoro denunció que los jefes de la Familia Michoacana operaban en 35 municipios de Guerrero, Estado de México y Michoacán.

Se anunció también el bloqueo de propiedades, transacciones e intereses de los hermanos en aquel país, que estuvieran en posesión o en control de ciudadanos estadounidenses.

La presión de los vecinos del norte por la mortandad que el fentanilo está dejando entre sus ciudadanos –más de cien mil víctimas el año pasado– no tardó en hacerse sentir. De hecho, como se anunció, fue uno de los temas que Joe Biden traía en la baraja durante la última cumbre celebrada entre los mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos.

En México se han girado cinco órdenes de aprehensión en contra de Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga. Hay una recompensa por información que lleve a su captura, y sus rostros circulan a lo largo del país. “El Pez” tiene además una orden de aprehensión en el estado de Florida.

Según reportes de inteligencia, además de los municipios guerrerenses arriba señalados, los hermanos tienen presencia en Tejupilco, Amatepec y Tlatlaya, Estado de México.

En diciembre pasado, el Ejército se enfrentó con presuntos integrantes de La Familia Michoacana en Zacualpan de Amilpas, en el Edomex, durante el operativo de captura de Alberto Romero Pérez, La Macrina, operador en la región de los hermanos Hurtado. Romero, jefe de plaza en la Tierra Caliente involucrado en la emboscada y el asesinato de 13 policías estatales en Coatepec Harinas, logró escapar, dejando atrás a seis de los suyos: una señal, de acuerdo con autoridades, de que el círculo alrededor de “El Pez” y “El Fresa” se está cerrando.

Una más, afirman, sería el rosario de ajusticiamientos de operadores de la Familia Michoacana que en los últimos meses intentaron poner distancia con los jefes del cártel. ¿El manotazo de Estados Unidos podrá terminar con una década de protección e impunidad?