Software espía divide opiniones entre diputados de BCS

Luego de que se evidenciara que el Gobierno del Estado adquirió un software de geolocalización en diciembre de 2022, y según el Colegio de postgrados en Derecho y Ciencias afines de Baja California Sur, su uso es ilegal e inadecuado por la violación al derecho humano a la intimidad.

Por lo anterior, el equipo de CPS Noticias acudió al Congreso del Estado para preguntar a los diputados locales si conocen el uso e implementación de este software que tiene la capacidad de intervenir los teléfonos para conocer la ubicación de los ciudadanos.

Sobre el tema, los legisladores María Luisa Ojeda y Rigoberto Mares, señalaron que el software puede representar un peligro para la población al considerar la posible intrusión a la información personal y a las comunicaciones de sudcalifornianos y que deben regularse por las instituciones de procuración de justicia.

“Es un tema delicado, se puede atentar a la libertad de la ciudadanía y a la libertad de expresión que tenemos. Creo que debe de ser normado. Esto se dice o se argumenta que fue adquirido para el seguimiento a las cuestiones delincuenciales, de dar el el oportuno seguimiento, entonces, esta debería de estar muy bien normada y registrada en las instituciones que correspondan jurídicamente”, comentó la diputada por el PRD, Maria Luisa Ojeda González.

“Me parece que se debe de ser muy cuidadoso con todo ese tipo de herramientas tecnológicas que, de alguna manera representan una intrusión a la vida personal de la gente. Si bien el gobierno estatal manifestó que se trataba de un software adquirido para temas de seguridad, estas deben ser transparentadas y claramente explicadas para que las labores se realicen en el marco de lo que establece la propia Constitución”, indicó el diputado del PAN, Rigoberto Mares

Basado en la información que se dio a conocer, el sistema debería ser administrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y no por la Secretaría de Seguridad Pública, como actualmente ocurre, que además requiere la estricta orden de un juez federal para el uso de esta herramienta.

En este sentido, la diputada del PRI, Gabriela Cisneros refirió que el recinto legislativo deberá dar un seguimiento sobre el uso y alcances del sistema para priorizar la información privada de la ciudadanía y que de esta forma, no se violenten sus derechos a la privacidad.

“Tenemos que estar en seguimiento dentro de la normativa, tenemos también un marco que protege toda la toda la información personal de cada una de las y los ciudadanos, y el derecho que tenemos también a la privacidad. Entonces, estamos en la revisión con algunas de las autoridades para dar seguimiento puntual, habido algunas declaraciones, pero ocupamos de manera formal porque hay asuntos de seguridad y de privacidad, entonces, tenemos que atender aspectos en materia jurídica que no podemos pasar por alto”.

Por otro lado, el diputado del Partido del Trabajo, Luis Armando Díaz, defendió que el software sea implementado por el gobierno del estado por motivos de seguridad.

“Ese tipo de software siempre ha estado vigente en los gobiernos y la administración de este Gobierno del Estado no ha estado exento. Nosotros lo vemos viable. Al final de cuentas, si es para servir en materia de seguridad, creo que es correcto; obviamente no estaríamos de acuerdo que fuera usado para intervenir o hacer algún tipo de persecución, aunque yo creo que ese no es el interés del gobierno”.

Fuera de cámara, se consultó a otros legisladores respecto a su conocimiento sobre las repercusiones que la implementación que este programa traería, para lo cual, aseguraron desconocer sobre quién o qué entidad estatal es responsable y si cuenta o no con las facultades para administrarlo.