Solicita Diputada Rosa Delia Cota se analicen a fondo el desarrollo urbano de las comunidades sudcalifornianas

La Paz, Baja California Sur, a 13 de Septiembre de 2017.-  La Diputada Rosa Delia Cota Montaño hizo un llamado a sus compañeros y compañeras de la XIV Legislatura  a actuar con responsabilidad “y abrir la caja de pandora para saber que ha pasado y lo peor, lo que sigue pasando en los temas relacionados con la planeación y el desarrollo urbano de las ciudades del Estado, en particular, urge un balance a fondo de la problemática urbana de la ciudad de Cabo San Lucas”.

La legisladora dijo que a su juicio el Congreso del Estado no se debe de convertir en un espacio “de agradecimientos por los bomberazos para atender a los damnificados por parte de los funcionarios. El Congreso debe de ayudar a la reflexión colectiva, al análisis, a la recepción y articulación de propuestas de desarrollo urbano integral, que luego puedan presentarse a los ejecutivos federal, estatal y municipales.

Cota Montaño pidió invitar a reuniones de trabajo a los coordinadores de los institutos municipales de Planeación de La Paz y Los Cabos a comparecer ante legisladores y legisladoras, “realicemos foros de expertos, Algo que valga la pena para influir en la toma de decisiones. Lo que no hagamos ahora, lo lamentaremos en el próximo huracán, que por el cambio climático, todo indica serán cada vez peores”, señaló la representante popular.

Manifestó que una vez más Baja California Sur vivió los efectos impactantes, preocupant4es y destructivos de fenómenos meteorológicos, “otra vez la discusión y especulación sobre los desarrollos urbanos en zonas de riesgo y de alto riesgo, sobre los permisos, autorizaciones de gobiernos locales para construcciones en zonas indebidas. Otra vez promesas de gobiernos que ante la presión social de los acontecimientos y los reclamos de la sociedad dicen que van a revisar, que van a atender, que van a corregir las anomalías de los desarrollos por encima de la Ley.

Rosa Delia Cota criticó a quienes agradecen a servidores públicos por su atención a los damnificados, cuando es una obligación de los tres niveles de gobierno “apoyar a la gente en casos de desastre”.