Suprema Corte de Justicia ¿Neoliberal o de la Nación?

Eran los turbulentos días de 1995 cuando el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León ordenaba al priismo la disolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al hacerlo se dotó de una fuerza jurídica que impuso un nuevo orden. La producción de este nuevo marco del derecho mexicano le garantizaba la reestructuración del sistema político y sobre todo económico. Los tecnócratas ya no sólo controlarían la élite del partido de Estado sino, además, habían conseguido hacerse de uno de los Poderes de la Unión.  
La crisis económica conocida como el error de diciembre de 1994 derivó en un despojo a la nación que tendrá consecuencias hasta el año 2070, fecha en que terminaremos de pagar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). 
En el periodo de Salinas de Gortari, los bancos habían acumulado una deuda de 552 mil 300 millones de pesos, que eran el equivalente al 11% de la economía de aquel año; al ser impagable esta cartera vencida por el aumento de intereses para controlar la devaluación del peso, el Estado tuvo que intervenir para socializar la deuda. Cada año, a partir de esta fecha, los mexicanos hemos pagado alrededor de 43 mil millones de pesos. El papel que ha tomado la Corte en respaldar el proyecto económico de la larga noche neoliberal es amplio, ya en el periodo de Vicente Fox Quezada, se negó a transparentar la adquisición de créditos ilegales que estuvieron dentro del Fobaproa (hoy en día IPAB).
Para la presidencia espuria de Calderón Hinojosa, nunca hubo un pronunciamiento contundente para detener la guerra que había declarado el ocupante de Los Pinos sin haber acudido al Congreso de la Unión. Este silencio cómplice en el tema de la violencia política del país no es menor. 
Su cúspide puede verse además en la forma en cómo la SCJN blindó la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, que no es más que la entrega de los recursos de la nación a manos de capitales privados. Trasladó a los órganos autónomos las decisiones en materia energética para detener cualquier cambio de política pública que pudiera darse desde el Gobierno de la República. Fue la Corte Neoliberal la que dejó libres a los asesinos confesos de la masacre de Acteal. Con este hecho sin precedentes en la historia política del país, se privilegió a la impunidad sobre la justicia. No es nada menor, ya que los grupos paramilitares han resurgido en la región. La Constitución al ser un acuerdo político, es un documento que está en constante tensión. Depende de la correlación de fuerzas hacia dónde se dirige la sociedad con este texto, que es la base de la convivencia social. Es claro que el desgarramiento que vive hoy México, da cuenta del agotamiento del modelo que impuso el proyecto neoliberal; es por eso, por lo que 30 millones de votos otorgaron un mandato para revertir la necropolítica nacional y afianzar la esperanza en el porvenir en un nuevo Estado benefactor. 
Pero aún se presentan resistencias muy profundas. Es el caso de la nueva consulta que ha sido respaldada por 2 millones 500 mil ciudadanos, para poder enjuiciar a los ex presidentes. Los argumentos que la reacción ha dado, es que prácticamente vivimos en un Estado de derecho, que el sistema judicial funciona a la perfección y que la corrupción presidencial es un hecho que debe darse la vuelta a la página para poder mantener la estabilidad política y económica.El proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales rechaza la consulta promovida por el movimiento social que impulsa la cuarta transformación. Declara inconstitucional la consulta por violar derechos humanos de los ex presidentes. Afirma que los artículos del 108 al 114 ya establecen los parámetros por los cuales podrían ser enjuiciados. El problema consiste en que la Corte no aclara si pueden o no pueden ser enjuiciados por delitos de corrupción; en el régimen de responsabilidades, sólo podrían ser juzgados por traición a la patria y delitos del fuero común. El ministro ponente agregaría que además podrían ser juzgados por genocidio por los diferentes tratados internacionales que tiene signados México en la materia de derechos humanos. 
Es claro que los delitos se habrían cometido en el ejercicio del poder, lo que les generaría un fuero para evitar comparecer ante la ley. Este marco jurídico está garantizando la impunidad transexenal y abre la puerta para que los grupos políticos que llegasen a ocupar la presidencia de la república puedan actuar fuera de la ley con la protección de ésta. 
El punto central de este ejercicio es político, es saber si los ciudadanos tienen posibilidad de cambiar democráticamente un régimen económico basado en la corrupción e impunidad. El poder económico se niega a que esto suceda. La impunidad para los ex presidentes es la garantía. Cuando Franklin Delano Roosevelt empezó a trazar el Estado de Bienestar el siglo pasado, la Suprema Corte de los Estados Unidos (SCOTUS) se opuso a varias de sus leyes y reglamentaciones. En un choque muy fuerte y con la amenaza de modificar el número de sus integrantes encima, la SCOTUS terminó cediendo ante la presión política y social, es así como se delinearon nuevas reglas para mantener a raya a los capitales que no querían ser regulados en ese entonces y se abrió paso al New Deal. 
El presidente López Obrador está construyendo un nuevo marco jurídico que le permita a México recuperar la soberanía nacional a través de una política pública que va dirigida para beneficiar primero a los pobres. Aquellos que establecieron un armatoste jurídico para garantizar su impunidad, ven en la Corte la forma de detener este movimiento. Hoy los ministros están en la encrucijada o en un claro conflicto de interés, siguen defendiendo a quienes los pusieron en la silla o establecen un nuevo marco jurídico que elimine la corrupción e impunidad en beneficio de la nación.