Suspenden toma de protesta de magistrada electa del TJA en BCS

Una controversia se vivió este 18 de julio en el Congreso del Estado de Baja California Sur en torno a la suspensión de la toma de protesta de la magistrada electa para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Rebeca Barrera Amador.

La decisión de bajar el punto del orden del día en la sesión del Congreso se debe a un presunto amparo presentado por uno de los postulantes, lo que ha generado incertidumbre en el proceso de designación.

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Rebeca Barrera fue electa el 17 de julio como nueva magistrada del TJA luego de recibir 15 votos a favor durante la sesión extraordinaria en el Congreso del Estado. Ella competía por el cargo con Godofredo Contreras Figueroa y Valessia Estrada Taylor.

A pesar de que la toma de protesta estaba programa para este día, de última hora los legisladores presentes en la sala de sesiones informaron que el acto protocolario se cancelaba hasta nuevo aviso. El diputado Eduardo Van Womer declaró que no se han revelado detalles específicos sobre los motivos de la suspensión.

“La verdad es que no tenemos mayor información a fondo, tenemos nada más una notificación por parte de los tribunales que nos pidieron que por favor pongamos en pausa el proceso hasta el punto en donde está hasta el momento. Hasta que ellos emitan una resolución para que podamos nosotros concluir con el proceso.”

El Tribunal de Justicia Administrativa es una institución encargada de garantizar la legalidad y transparencia en los actos administrativos del gobierno, así como de resolver controversias administrativas. La elección de sus magistrados se realiza mediante un proceso riguroso y transparente, en el que participan diversos actores del ámbito jurídico.

Esta situación puede generar preocupación entre los ciudadanos y el gremio jurídico del estado, ya que pone en entredicho la transparencia y legitimidad del proceso de designación. Además, la suspensión de la toma de protesta retrasa el funcionamiento pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que podría afectar la resolución de casos importantes y el acceso a la justicia para los ciudadanos.

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