TECLA 7/6: CON LA HOJA DEL CALENDARIO

A un día.

Mañana, miércoles 30 de septiembre, vence el plazo para que el Organismo Operador Municipal de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (Oomsapas),Recurra al inicio del proceso de la segunda desalinizadora en Cabo San Lucas, por cuyo proyecto –con todo y la inversión estimada por más de cinco mil millones de pesos– la fracción de mayoría legislativa sudcaliforniana, Morena, ha incurrido en una serie de desaciertos para poner en predicamento la fecha límite.
    Al conflicto de directivas que ha provocado ya un segundo pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN—existe la resolución judicial para que el estatus de los trabajos legislativos sea hasta el 17 de marzo, lo que fue ignorado por la fracción morenista, su aliado el PT y Ramiro Ruiz (ahora vocero de proselitismo en Baja California Sur de Mario Delgado, pretenso a la dirigencia nacional de Morena, presentado por la diputada federal Guillermina Alvarado y por el diputado federal Emmanuel Reyes).
    A la fecha, con el ignorar del pronunciamiento de la SCJN suman ya tres directivas, con asambleas y acuerdos legislativos que no han sido manifestados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y por tal no han causado efecto, por la controversia expuesta por el gobernador Carlos Mendoza Davis contra el Congreso del Estado, para que las autoridades judiciales resolvieran cuál directiva, en marzo, debería de presidir la legislatura.
     Contrario a las resoluciones judiciales, primero fueron “destituidos” los ocho diputados locales de la oposición legislativa, luego se les rehabilitaría. Y después la mayoría morenista daría cuenta de un supuesto juicio político y procedería en fechas recientes a la “destitución” de cinco diputados.
   Si la postura tenía propósitos políticos para desgastar la figura de Carlos Mendoza, dado los tiempos políticos que ya se viven y los electorales por venir, los pronunciamientos de la SCJN -y los del Juzgado Federal de Distrito—han dejado mal parada a la mayoría legislativa de Morena.
    Y aun cuando la alcaldesa Armida Castro, ayer difundió un mensaje grabado a Los Cabos que acudiría a la SCJN para que resuelva sobre la puesta en marcha de la segunda desalinizadora, tal proyecto no le quitará la sed a Los Cabos en este 2020 ni en el 2021, ni en el 2022, con colonias y fraccionamientos a los que se les deja de abastecer el vital líquido por una semana, dos semanas, tres semanas. Arturo Sandoval, responsable del paramunicipal organismo rector del agua potable, debería de estar cerrando ya las fugas y conexiones irregulares que terminan por castigar a la población. El agua que no se tiene, que termina en la calle o en un destino oscuro que tampoco es facturado. 
    Con el pronunciamiento del Juzgado Federal de Distrito dado para la restitución de los cinco diputados destituidos — que fue bateado por los morenistas—trasladando a comisiones la instrucción judicial para que quedaran sin efecto las cinco destituciones, y con el segundo pronunciamiento de la SCJN para, prácticamente, no reconocer, otra vez, lo hecho en el Congreso de Baja California Sur, sino regresar el estatus legislativo hasta el 17 de marzo, hoy, este martes, toca sesionar a las diputadas y a los diputados locales.
    En un mundo rosado hoy podrían restituir a los cinco diputados y pronunciarse por la segunda desalinizadora. Estarían en tiempos. Pero el mundo rosado tiene una realidad de por medio, así que lo que no está en sincronía es la mira al 2021. Y el ego político que se cruza, ¿Cómo regresar a la directiva legislativa de marzo?  ¿Cómo avalar hasta el momento un triunfo judicial del Gobernador? Con las cosas al revés el orgullo se ha impuesto.
   “Desafortunadamente, refirió ayer Mendoza Davis en un mensaje a Baja California Sur– los más afectados de este conflicto entre diputados son los ciudadanos, pues como la Suprema Corte de Justicia lo ha determinado, no hay seguridad ni certeza jurídica en los actos que emanan del legislativo estatal”.   
   Enfatizó, “la Corte ha suspendido ya en dos ocasiones los efectos y consecuencias de las sesiones a partir del 17 de marzo cuando se originó el problema en el Congreso”.
    Puntualizó, “esto quiere decir que todo, absolutamente todo lo aprobado a partir de esa sesión carece de validez legal, lo que incluye, repito, la aprobación del proyecto y financiamiento para la nueva desalinizadora de Los Cabos. Se trata de medidas cautelares que ha dispuesto el Poder Judicial Federal y que deben, deben ser cumplidas, acatadas”.
  Le dio la vuelta a la tuerca: “es necesario y urgente que el Congreso del Estado, con la integración de las y los diputados determinada por la Corte (entre éstos los “destituidos”), sometan a consideración del pleno de nueva cuenta el proyecto de la desalinizadora, fundamentándolo en la Ley Reglamentaria del Congreso, que es la Ley vigente, pues de lo contrario, sería nula dicha aprobación”.
    Ya se sabrá. 
    Aún cuando si la Presidente Municipal de Los Cabos fue a controversia contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, es de considerar que la fracción de Morena habría anticipado que no cedería.
    Hoy, en el Congreso hay sesión.
    Sólo un pase de lista.