Tecla 7/6: CUANDO DESPERTÉ LA SED NO SE HABÍA IDO

Y se aplaudían. 
  Desde ayer, con la segunda desalinizadora en Cabo San Lucas, Armida Castro tiene un estandarte político ante los reclamos sociales que se siguen agudizando por una cuestionada política de agua.
   Finalmente, el Congreso se ordenó y se dieron los pronunciamientos por la segunda desalinizadora, cuyo plazo para el inicio del proyecto al vencer ayer mismo, el gobernador Carlos Mendoza Davis, de inmediato le dio entrada para su publicación en el Boletín Oficial.
    Para destrabar la última falta de coincidencia, era si se daba el pronunciamiento legislativo por el concepto de la Ley Orgánica o por la Ley Reglamentaria. Una postura salomónica, evitó mayores entuertos, quedaría con el concepto de “ley vigente”. 
    Sin embargo, ayer en la asamblea legislativa ningún legislador aludió sobre lo que podría pasar si un instrumento soporte para la segunda desalinizadora, como es el Fondo Nacional de Infraestructura –Fonadin–, finalmente, desaparece. La mayoría morenista y aliados en la Cámara de Diputados, ya cocinan la “lealtad ciega” exigida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y están por desaparecer fondos y fideicomisos –109–, de entrada el Fonden –Fondo para Desastres Naturales–, lo que ya provoca amplios cuestionamientos sociales de lo que pasaría en lugares, como Los Cabos (además, de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé), altamente expuestos por ubicarse en ruta ciclónica y con eventos registrados que ya han cobrado desolación, tragedia, devastación. Nadie alertó por el Fonadin. 
   Ayer, sólo escuchaban aplausos.
   Algún sape. Y algunas recriminaciones.
  En plena asamblea legislativa, el diputado José Luis Pérpuli soltó el latigazo: el proyecto de dotar más agua a la ciudad portuaria sanluqueña se había dejado desde la anterior administración municipal que encabezó Arturo de la Rosa (PAN). 
   Pero, se dejaron pasar dos años. Si se hubiera actuado en consecuencia –como por fortuna y para bien de Los Cabos se dio en materia de seguridad a lo dejado encaminado por la administración arturista y a los consensos establecidos con el mandatario estatal Mendoza Davis y el Congreso desde junio del 2018–, en lugar de un estandarte político en los tiempos de reclamos sociales y de la sed, se le estuviera abriendo la llave a la segunda desalinizadora, si es como se dice que el proyecto llevaría como dos años o año y medio. Armida estaría inaugurando, lo que se concretará no obstante para la siguiente administración. 
    Si lo dejado por Arturo de la Rosa olía mal o tenía cláusulas a corregir. Para eso se había dado el “cambio”, para la certeza en los actos de gobierno y la corrección de las propias políticas públicas tan fallidas y tan costosas, éstas últimas, en el desarrollo local con rezagos impresionantes en la infraestructura urbana, que en los tres últimos lustros se han agudizado con miles de familias en zonas de riesgo.
    No sólo se trataba de una segunda desalinizadora. Me sorprendió ayer saber de manera oficial en el Congreso que se tratará apenas de 250 litros por segundo, es decir para un polígono de Cabo San Lucas, con la presión misma que dentro de dos años -cuando supuestamente entre en operación—habrá más población. Y es obvio que habrá más familias en Los Cabos. El indicador económico de Baja California Sur, y en particular de Los Cabos, seguirá siendo un imán que atraerá más conciudadanos por la oferta de trabajo. El propio Mendoza Davis ha revelado que en medio de la pandemia del Covid 19, la región sudcaliforniana lidera a nivel nacional la recuperación de empleos. Vendrá más gente.
    No sólo se trataba de una segunda desalinizadora. Si se tenían dudas sobre la segunda planta –que serían válidas y si se quiere llevarían su tiempo aterrizar y desde luego transparentar—, en línea paralela se tenía lo obsoleto de la infraestructura del sistema operador municipal del agua potable. Pero, pasaron dos años. Lo que no se facturó, mermó el potencial de ingresos del Oomsapas –ya de por sí con finanzas críticas–, y las fugas y conexiones irregulares fueron acrecentando la sed de la población.
    A dos años de la 4T municipal con un problema a ojos de todos. Días sin aciertos. Una primera planta desalinizadora en el limbo, ayer el pronunciamiento por una segunda desalinizadora. Hoy la realidad de la sed.
   El Congreso recordó ayer en comunicado que “aprobó por unanimidad (21 votos) las dos solicitudes del XIII Ayuntamiento de Los Cabos para suscribir un contrato de Asociación Público Privada para desarrollar una planta desalinizadora de agua de mar para la ciudad de Cabo San Lucas, y un proyecto de mejora de la red de distribución y medición de agua potable Me, ambas por un valor superior a los 5 mil 200 millones de pesos.
   –“El costo del proyecto de la desalinizadora es por el orden de los 3 mil 900 millones de pesos en tanto que el proyecto de Mejora Integral de la Gestión (MIG) es por los mil 300 millones de pesos, más IVA, es decir más de 5 mil 200 millones de pesos, conjuntamente; paralelamente el Gobierno federal aportará a ambos proyectos más de mil 80 millones de pesos para desarrollo de infraestructura”.
–“El proyecto de la desalinizadora será pagado en un plazo de hasta 25 años y el de MIG en un lapso de hasta 10 años, por lo cual el Ayuntamiento de Los Cabos comprometerá sus participaciones federales”. 
–En aspectos operativos, la planta desalinizadora aportará 250 litros por segundo a la ciudad de Cabo San Lucas, beneficiará a una serie de colonias como Los Cangrejos y de la parte poniente como Mesa Colorada, El Caribe Alto, El Caribe Bajo y otras, representando según el gobierno municipal cabeño una solución integral en materia de agua potable para esa población”.
    Cinco mil 200 millones de pesos para agua.
   Cuando me desperté –citando a Monterroso, por el dinosaurio aquel—seguía con sed.