Tecla 7/6 SENTIR A BCS

En la Encuesta Nacional de Arias Consultores (31 de enero del 2021) sobre la evaluación del gobierno federal en las 32 entidades del país, en el caso de Baja California Sur, prácticamente se reporta una completa desaprobación de la presencia federal, con últimos lugares en desarrollo económico y combate al coronavirus en el listado nacional; y penúltimo lugar en ataque a la corrupción.

De hecho, lacerantes experiencias que no sólo se consideraban del pasado, sino que se alentaba que serían sancionadas y corregidas por la estructura federal en sus diversas áreas de competencia, se siguen replicando en el presente.

Una de las perlas de la corona de las playas cabeñas, la de El Médano, en Cabo San Lucas (la de las grandes concentraciones de visitantes y avecindados en temporadas sin Covid 19), dejó de ser la playa popular de todos, concesiones federales sólo han dejado un hilo de arena. Incluso, la alcaldesa Armida Castro en alguna ocasión tuvo que plantarse ante una construcción, sin mayores efectos ante la indiferencia en este entonces de la delegación federal.

Han pasado dos años y funcionarios federales no han llevado justicia a quienes fueron despojados de sus créditos del Infonavit y del Fovissste, porque se permitió la venta de desarrollos habitacionales en medio de arroyos. Los organismos federales promotores de la vivienda en Baja California Sur, después de reuniones en el 2019 sólo alzaron los hombros, y a esas familias obreras (miles) pareció llegarles el “me vale…”.

Los créditos a la vivienda por construcciones criminales en medio de los arroyos (aprobados y desarrolladas en la etapa calderonista-agundista-nuñista) se siguieron descontando; la reubicación para las vidas en peligro sólo ha quedado en un grito ciudadano que se sigue ahogando en el paso del tiempo. La Comisión Nacional del Agua –Conagua—al margen.

Y tan al margen el organismo federal del agua, que se quedó en completo silencio ante la denuncia del líder de la corriente Ruta de la Esperanza, Héctor Torres, al revelar la existencia de un pozo (San José del Cabo) con posible potencia de extracción de cien litros por segundo sin estar conectado desde tres o cuatro años al organismo rector municipal del agua potable.

La respuesta del organismo del agua que preside Arturo Sandoval, fue que era un tema “complejo”. Y ya. Cuando en contraste, la Conagua se pronunció por la segunda desalinizadora en Cabo San Lucas (cuando se tiene en el limbo a la actual) a cuyo proyecto se aplicarán 5 mil 200 millones de pesos para producir 250 litros por segundo, lo que no deja de sorprender, dado que el pozo sin conectar podría implicar requerimientos de inversión por 20 millones de pesos.

Desde junio del 2020, Héctor Torres Mendoza solicitó información en materia del agua potable, con 21 preguntas, pero a la fecha ha sido ignorado, lo que propicia interpretaciones de dudas sobre la eficiencia, administración, producción, potencial, distribución, costo en la operación del agua potable. Sin que la Conagua asome, incluso con la crisis desatada por el cese del ambientalista internacional Ramón Ojeda, cuyo caso se fue a tribunales. En tiempos que Los Cabos es un lugar de sed.     

Hace casi un año, en la tercera semana de febrero del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió por no más apagones eléctricos en Baja California Sur y no más contaminación contra La Paz, por lo que habría una producción de energía limpia, lo cual provocó el aplauso de sudcalifornianas y sudcalifornianos al comprometer la aplicación de seis mil millones de pesos.

Pasó un año. La CFE bateó el compromiso presidencial, la contaminación no sólo sigue en La Paz, sino que provocó aun más frustración social, al aplicar a Baja California Sur las tarifas más altas que se aplican en el país (cuyos consumidores con el devastador paso  del huracán “Odile” y de la tormenta tropical “Lidia” no dejaron de pagar, lo que han seguido haciendo en estos tiempos terribles económicos por la pandemia del coronavirus), cuando en contraste, en Tabasco condonaron pagos por más de once mil millones de pesos y aplicarán ahí la tarifa más baja, con calores similares o menores a los de estas tierras sudcalifornianas.

Qué bien por Tabasco, Baja California Sur sigue en espera que los funcionarios federales de la CFE o los de la Comisión de Energías le hagan llegar su atención, no el desdén.

La devastación de los litorales sudcalifornianos, sigue. Hijas e hijos de Sudcalifornia, las ballenas grises siguen enfrentando criminales enmalles. La depredación marina del Alto Golfo de California se resiente el Sur, hasta la boca del Golfo de California. Y los sudcalifornianos tuvieron que ir a dejar su voz en la Cámara de Diputados, cuando se gestaba el latrocinio de abrir a la captura comercial al pez dorado, base del alimento del marlin. Lo que devastaría la economía sudcaliforniana. 

No le ayuda tampoco, Conapesca, a la imagen presidencial en Baja California Sur, ubicada en el último lugar de la encuesta de Arias Consultores, aun cuando es de considerar que haya otras encuestas con mejores indicadores para el gobierno federal. No se olvida por citar, el rechazo de López Obrador al proyecto minero en la Sierra de La Laguna, cuya oposición social costó la aún desaparición de uno de los principales activistas: David Sosa Pérez, el 24 de octubre del 2011. Quién no recuerda aquella magnífica concentración en la playa de El Tule de diez mil ciudadanos formando el mensaje humano SOS, como una respuesta solidaria a la defensa de la reserva natural de Los Cabos, el último rincón de los pinos. Diez años después no deja de lastimar la “desaparición” de David Sosa.

Hasta llegar a nuestros días, de nuevo con la Conagua y las obras en medio de arroyos. Sobre la construcción que se levanta el arroyo de Costa Azul y su colindancia con la playa, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador Los Cabos –CCC—, Julio Castillo Gómez, observó que “se trata de una obra polémica que está ocupando un arroyo propiedad de la Federación, si hay una autorización de Cabildo sobre la construcción de ese muro, lo que se tiene que hacer es volverse a revisar en qué términos se dio y si hay que rectificar, hacerlo de cara a la sociedad”. 

Vienen tiempos de muchas y variadas encuestas, propio del tiempo político-electoral que se vive y con las candidaturas que se oficializarán en marzo para los comicios del 6 de junio del 2021.

No es ociosa la expresión de Castillo Gómez de cara a decisiones del poder público: “si hay que rectificar, hacerlo de cara a la sociedad”.