Topolobampo al borde del colapso socioambiental tras alerta internacional por planta de amoníaco

Once relatores de Naciones Unidas advierten que la construcción de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Bahía de Ohuira —parte del puerto de Topolobampo, Sinaloa— amenaza con desatar una crisis ambiental y social de proporciones históricas:
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Topolobampo al borde del colapso socioambiental tras alerta internacional por planta de amoníaco

Lo que hasta hace poco se debatía como un proyecto industrial más ha escalado a preocupación global: once relatores de la ONU emitieron una advertencia pública sobre los riesgos ambientales, sociales y de derechos humanos vinculados con la planta de amoníaco construida por GPO en Bahía de Ohuira —un humedal declarado de importancia internacional

El complejo, proyectado desde hace años por la firma suizo-alemana Proman, pretende producir hasta 800 mil toneladas de amoníaco al año. Sus defensores —autoridades estatales y federales— argumentan que generará empleos y reducirá la dependencia de fertilizantes importados.

Sin embargo, en su carta dirigida al gobierno mexicano, a bancos europeos y al consorcio, los relatores señalan múltiples vulneraciones: amenazas, agresiones y violencia sistemática contra quienes se oponen al proyecto; omisión de consulta a pueblos originarios; y consecuencias fatales al ecosistema: según sus estimaciones, la planta podría destruir larvas de camarón equivalentes a más de 500 toneladas, casi la mitad de la producción actual de la laguna.La Bahía de Ohuira no es un lugar cualquiera: sus esteros, manglares e islas integran el sistema natural del Golfo de California, declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, y proporciona sustento ancestral a comunidades pesqueras y pueblos indígenas como los Mayo–Yoreme.

Además del impacto ecológico, los relatores alertan sobre riesgos sanitarios y de vida: la propia empresa reconoce que una fuga de amoníaco de apenas cinco minutos bastaría para convertir la bahía en una “zona de alto riesgo con peligro inmediato a la salud o la vida”.

En respuesta, más de 40 organizaciones ambientales y de derechos humanos exigen la cancelación inmediata del proyecto, la protección de defensores comunitarios y una intervención urgente de autoridades como SEMARNAT y INPI. 

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