El Tribunal Estatal Electoral analiza sanciones para Omar Castro

Respecto a la denuncia por violencia política en razón de género que interpuso la senadora y dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, en contra del jefe de la oficina del ejecutivo de Baja California Sur, Omar Castro Cota, ante el Instituto Estatal Electoral (IEE); el presidente del órgano, Alejandro Palacios Espinosa, expuso que sus competencias son limitadas con respecto a las sanciones que solicitó la legisladora.

El consejero presidente del IEE, explicó que el lunes de la semana pasada recibieron la queja, posteriormente la oficialía de partes turnó el caso a la oficialía de quejas quien en colaboración con la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación, estudiaron la situación y propusieron algunas medidas cautelares. 

“En este caso, la comisión de quejas del propio instituto dictaminó que la propaganda que estaba en los diferentes medios de comunicación sí atentaba contra la integridad de la Senadora y por eso se ordenó que se retirara”, precisó. 

Fue la misma senadora quien dio a conocer una de estas sanciones, la cual daba un plazo límite al funcionario estatal para eliminar la publicación que acreditaba las agresiones, pero no hubo más información. En este sentido, Palacios Espinosa, agregó que entre las sanciones podría incluirse una disculpa pública. 

“Tengo entendido que algunas medidas cautelares que solicitaba la senadora no pueden ser tomadas por el instituto porque dependen más bien de una sentencia del tribunal, entonces el instituto dentro del marco de sus competencias emite las medidas cautelares que competan al propio instituto”, detalló. 

Entre los castigos que se plantearon estaba el ingresar a Castro Cota en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y retirarlo temporalmente de su cargo. Sin embargo, el titular del IEE, indicó que estas decisiones corresponden al Tribunal Estatal Electoral (IEE) de la media península.

Cabe señalar que a nivel federal varios senadores de distintos partidos políticos se han sumado a la solicitud de la militante del PAN y se habla de una posible denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).