Gobierno aclara que Uber debe tener permiso en cada aeropuerto para operar pese a amparo judicial

El Gobierno federal cerró la puerta, al menos por ahora, a la operación de Uber en los aeropuertos de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró este jueves que la empresa no cuenta con autorización para recoger o dejar pasajeros dentro de las terminales aéreas, pese a la suspensión definitiva otorgada por un juez federal. La dependencia enfatizó que dicha suspensión no equivale a un permiso, sino únicamente a un límite para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la ley.

Con esta aclaración, la SICT frenó las expectativas generadas por la empresa de transporte privado, que había anunciado la posibilidad de operar en aeropuertos tras la resolución judicial. El documento oficial puntualiza que, aunque los conductores amparados no pueden ser sancionados por la autoridad federal, la normativa vigente sigue sin permitir que presten servicio dentro de las instalaciones aeroportuarias.

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El pronunciamiento surgió luego de que la jueza federal Blanca Alicia Ochoa Hernández, del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa, concediera a Uber la suspensión definitiva dentro del amparo 1202/2025. La resolución establece que la Guardia Nacional no podrá detener a los conductores de la plataforma por recoger o dejar pasajeros, un punto que generó confusión entre usuarios y choferes, al interpretarse como una autorización formal para operar dentro de las terminales.

La SICT subrayó que los aeropuertos mexicanos son espacios bajo jurisdicción federal y, por tanto, sujetos a un régimen normativo especial. En ese marco, solo los servicios de taxis concesionados, autobuses autorizados y transportes turísticos pueden realizar traslados desde y hacia las terminales, garantizando control y seguridad para los viajeros. La dependencia recordó que la presencia de vehículos no registrados podría generar conflictos logísticos y de seguridad.

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En respuesta a la controversia, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) llamó a la prudencia y a la coordinación interinstitucional. Su titular, Bernardo Cueto Riestra, destacó que la prioridad del Estado es mantener la movilidad ordenada en aeropuertos turísticos como el de Cancún, uno de los más transitados de América Latina, asegurando tanto el cumplimiento legal como la comodidad de los visitantes.

El caso se produce en medio de un debate nacional sobre el papel de las plataformas digitales en el transporte público y turístico. Uber ha sostenido que sus operaciones contribuyen a la competitividad y a la libertad de elección del usuario, mientras que las autoridades han insistido en que su presencia en aeropuertos requiere un marco de regulación específico. Hasta el momento, no existe un acuerdo formal que permita a la empresa operar de forma legal en terminales aéreas mexicanas.

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La decisión de la SICT también busca evitar enfrentamientos entre taxistas concesionados y conductores de aplicaciones, un problema recurrente en aeropuertos de Cancún, Ciudad de México y Los Cabos. Las autoridades locales han reiterado que cualquier intento de prestar servicio dentro de las instalaciones sin permiso puede derivar en sanciones administrativas, pese a la protección judicial vigente.

Mientras tanto, la empresa se mantiene a la expectativa de un eventual diálogo con el Gobierno federal para revisar el marco regulatorio del transporte digital en aeropuertos. Sin embargo, el comunicado oficial deja claro que la suspensión judicial no se traduce en autorización, sino únicamente en una garantía de no detención arbitraria. El conflicto entre Uber y las autoridades mexicanas, lejos de resolverse, parece entrar en una nueva etapa de definiciones legales y políticas.

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