Víctor Castro descarta operativo especial de seguridad para el 8M

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, descartó la implementación de un operativo especial de seguridad para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En su lugar, reafirmó su compromiso de garantizar la libertad de expresión y de manifestación en la entidad, destacando que la seguridad para las personas que participen en las movilizaciones será la misma que la que se brinda habitualmente.

Castro Cosío explicó que la administración estatal mantendrá las medidas habituales sin desplegar dispositivos extraordinarios durante las movilizaciones.

“No, lo normal. Yo creo que la libertad de manifestación ustedes conocen ha sido manifiesto. Voy al tercer año y medio y créanme que no ha habido un solo comentario al contrario […] Les vamos a dar la misma protección, la misma seguridad para que se manifiesten. En Baja California Sur si a alguien le consta que, en estos 3 años y medio hay libertad de expresión, no he molestado yo que sepa, que me entere, de que ha sido molestado algún comunicador”, señaló Castro Cosío.

El gobernador hizo hincapié en que, a lo largo de su gestión, ha garantizado el respeto a las libertades civiles. Castro Cosío agregó que no se ha registrado ninguna situación que indique que la libertad de expresión haya sido coartada en Baja California Sur. Sin embargo, señaló que es importante mantener el orden y evitar situaciones de violencia durante las manifestaciones.

“El primer año que llegamos creo que hubo algunas personas que se excedieron en violencia. No, no debe de ser así porque finalmente cualquier gasto que se origina por hacer visible su manifestación con la destrucción de algún bien patrimonial del pueblo, pues el pueblo lo tiene que reponer. No es el gobierno. El gobierno es un ente representativo de la comunidad”, enfatizó Castro Cosío.

Esta postura contrasta con declaraciones previas del mandatario tras los incidentes ocurridos durante las protestas del 8M en 2023, cuando manifestantes causaron daños al Centro de Justicia Penal en La Paz. En aquella ocasión, Castro Cosío informó que los daños ascendían a 1.4 millones de pesos y anunció medidas de protección.