Víctor Castro llama a piperos a no afectar a la ciudadanía en sus protestas

Ante el conflicto generado por el cierre del pozo 152 y las manifestaciones de los transportistas de agua potable en el puente 8 de Octubre, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, informó que esta semana se llevarán a cabo pláticas con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, con el objetivo de encontrar una solución que beneficie tanto a los piperos como a la ciudadanía.

El mandatario explicó que el objetivo es no dejar sin suministro a la población que depende del agua distribuida por estos transportistas.

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En cuanto a las protestas realizadas, el gobernador reconoció el derecho de los piperos a manifestarse, pero hizo un llamado a evitar afectaciones a la ciudadanía.

“Es una concesión que da el Gobierno del Estado para el servicio público, no para que tapen calles, es para que sueltan agua, no para tapar vialidades porque me parece que tienen el derecho de manifestarse, pero no de afectar a la gente, pero bueno, tienen pleno derecho a hacer su manifestaciones”, comentó Víctor Castro.

Asimismo Víctor Castro explicó que el cierre del pozo, conocido como Poloni, se debió a que la concesión otorgada para uso agrícola estaba siendo empleada para abastecer a piperos, quienes, a su vez, comercializaban el agua, lo cual contraviene el propósito original de la concesión.

“El pozo llamado Poloni, la Conagua determinó cerrarlo porque está surtiendo de agua solo piperos y la concesión es una concesión agrícola, para sembrar y no para vender el agua con la que se está haciendo negocio. Entonces, está en manos de la Conagua, el titular de la Conagua va a hablar con la alcaldesa para hacerle algunas propuestas que sean facilitadoras de resolver el problema”, señaló Víctor Castro.

Cabe mencionar que el incumplimiento de las condiciones establecidas en las concesiones de pozos de agua en México puede acarrear sanciones, según la gravedad de la infracción y las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Las infracciones pueden ser sancionadas con multas que varían en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Por ejemplo, violaciones a la ley pueden resultar en multas que van desde 260 hasta 26,000 UMAs. Además la CONAGUA tiene la facultad de suspender o revocar las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones cuando se detecta un uso indebido del recurso hídrico. Esto implica que el infractor podría perder el derecho a explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales.