Visitantes tienen que caminar dos kilómetros para entrar a playa pública de La Paz

A pesar de que las playas son consideradas un recurso público accesible para toda la población, según la Ley General de Bienes Nacionales, la falta de claridad legal sobre la titularidad de los caminos que conducen a ellas, junto con la ausencia de registro de estos caminos en los documentos de planificación territorial, genera conflictos y permite que individuos particulares impidan su uso. El cierre de los accesos a las playas obliga a los visitantes a caminar kilómetros para entrar a ellas.

La disputa por el acceso a la playa Puerto Mejía, situada a 20 kilómetros al noroeste de La Paz, ha persistido durante más de una década. Los propietarios de terrenos privados argumentan que el camino que conduce a la playa atraviesa sus propiedades, lo que les otorga el derecho de restringir el acceso al público. Por otro lado, el Ayuntamiento de La Paz sostiene que se trata de una vía de acceso con derechos públicos, registrada en la Red Nacional de Caminos, y por lo tanto debe permanecer abierta al público.

Al respecto, el secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jorge Pável Castro Ríos, explicó que, aunque el amparo ha sido concedido, la eliminación de los portones que limitan el acceso vehicular está pendiente debido a un recurso de revisión interpuesto por la parte contraria. Este recurso ha generado un retraso en el proceso, lo que significa que, por el momento, los visitantes tienen que caminar aproximadamente dos kilómetros para llegar a la playa.

“Nosotros habíamos ido a quitar el portón hace dos meses pero nos obligaron en una suspensión provisional para volver a poner el portón. Hoy que ganamos el amparo podemos ir a quitarlo de nuevo, pero como metieron un recurso de revisión tenemos que esperar este mes para que se resuelva y si sale ya confirmado, ahora sí, los vamos a invitar para que nos ayuden a recogerlo. Ahorita provisionalmente a como está el estatus, el acceso es peatonal, pero la verdad es absurdo porque está a 2 km de la playa”.

Por otro lado, en el ejido del Pescadero, la situación es similar, pero con matices diferentes. Aunque no se han reportado casos de particulares que hayan adueñado los accesos a las playas, la comunidad ha solicitado a las autoridades municipales su intervención para garantizar la protección de estos espacios.

El secretario general del Ayuntamiento puntualizó que se recibió un listado de accesos registrados por la comunidad, y se comprometió a trabajar en conjunto con la Dirección de Turismo para asegurar su preservación. Estos accesos, que oscilan entre 50 y 20 metros, son vitales para mantener la accesibilidad a las playas y evitar que se conviertan en propiedades privadas.

“Nos pasaron un listado de accesos que están ya registrados por ellos y quieren que nosotros les ayudemos a garantizar. Ya hicimos una visita, pero las condiciones son muy distintas, porque tenemos que acondicionar bajadas ya que está una duna y hay que garantizar que nadie se termine apropiando de esos terrenos. Es muy importante porque son accesos de 50 a 20 metros que tenemos que proteger porque podrían poner un lote o una casa y se acabó el acceso. Entonces son entre 8 y 10 de estos y lo estaremos trabajando seguramente con la Dirección de Turismo”.

Castro Ríos subrayó la importancia de proteger estos accesos, destacando el riesgo de que se vean comprometidos por el desarrollo urbano y garantizar que nadie se apropie indebidamente de estos terrenos para la comunidad local.