Aumenta el salario mínimo, pero tu sueldo puede quedarse igual en 2026

El incremento de 13% al salario mínimo que entrará en vigor en 2026 celebró un consenso inusual entre gobierno, empresas y sindicatos, pero dejó sobre la mesa una pregunta recurrente entre millones de trabajadores: ¿por qué el aumento no se refleja en todos los sueldos? La respuesta está en la legislación laboral mexicana, que fija un piso salarial obligatorio, pero no ordena a los empleadores ajustar el resto de las remuneraciones.

El nuevo salario mínimo general alcanzará 9,582.47 pesos mensuales, mientras que en la región fronteriza norte subirá 5% para llegar a 13,409.80 pesos. Este ajuste beneficiará directamente a 8.5 millones de trabajadores, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, pero excluye a quienes ya ganan por encima de ese monto. Para ellos, la decisión de otorgar o no un aumento depende estrictamente de cada empresa, su política interna y su capacidad presupuestal.

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La Ley Federal del Trabajo no contempla ninguna obligación para que los empleadores aumenten los sueldos con cada cambio de año ni por efecto de un incremento al salario mínimo. Las disposiciones legales sólo garantizan que ningún trabajador reciba menos que ese monto base, pero no extienden esa protección a quienes perciben salarios superiores, aunque enfrenten el mismo encarecimiento del costo de vida.

El mercado laboral mexicano opera con tres tipos de salario: el mínimo, el mínimo profesional y el “independiente”. Los dos primeros son fijados anualmente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, mientras que los salarios independientes quedan a criterio del patrón. Esto implica que, incluso ante una inflación creciente, las empresas no están obligadas a realizar ajustes que compensen la pérdida del poder adquisitivo de sus empleados.

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Las consultoras prevén que los aumentos de sueldos para trabajadores que no ganan salario mínimo se ubiquen entre 1% y 5% en 2026, muy por debajo del incremento oficial. La disparidad no es menor: mientras el salario mínimo está protegido por ley para no recibir aumentos por debajo de la inflación, los sueldos independientes pueden quedar rezagados sin ninguna consecuencia legal para el empleador.

La política federal de recuperación salarial ha impulsado alzas de doble dígito desde 2018, pero extender esa lógica al resto de las nóminas tendría un impacto económico sustancial para las compañías, especialmente para micro y pequeñas empresas. Especialistas laborales advierten que un ajuste generalizado del 13% a toda la plantilla elevaría los costos en un margen difícil de absorber en un solo ejercicio fiscal.

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Las organizaciones laborales recomiendan que las empresas implementen ajustes al menos en proporción a la inflación anual o integren compensaciones adicionales para evitar el deterioro del ingreso real de los trabajadores. Una gestión transparente, evaluaciones de desempeño y comunicación clara sobre los efectos de los cambios en prestaciones como IMSS y Afores se vuelven claves para reducir inconformidades y mantener la estabilidad interna.

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