Baja California Sur busca frenar fraudes inmobiliarios con reforma a la Ley de Catastro

Ante las constantes denuncias de fraudes inmobiliarios en Baja California Sur, el Congreso del Estado analiza una reforma a la Ley de Catastro que permitiría a la ciudadanía acceder de forma gratuita y sencilla a información catastral sobre terrenos y propiedades antes de comprarlos.

La propuesta, presentada por la diputada Dalia Verónica Collins Mendoza, busca añadir el artículo 42 Bis a la legislación vigente para que cualquier persona pueda conocer datos esenciales de un inmueble, como su clave catastral, estatus legal, tipo de predio, ubicación y factibilidad para servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica.

Protección al patrimonio de las familias

La legisladora recordó que casos recientes en La Paz han evidenciado la venta de terrenos sin la debida lotificación o fraccionamiento, lo que ha dejado a compradores sin posibilidad de escriturar o acceder a servicios públicos. Tal es el caso de la colonia Mar Sol, cuyos habitantes se reunieron hace unas semanas con la presidenta municipal, Milena Quiroga, y el gobernador, Víctor Castro.

“El acceso a información catastral no debe ser un obstáculo para la ciudadanía. Con esta reforma buscamos que cualquier persona pueda conocer de manera sencilla el estatus de un predio antes de comprarlo y así evitar que sea víctima de un fraude”, explicó Collins Mendoza.

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El papel de Catastro en la prevención de fraudes inmobiliarios

Actualmente, la Ley de Catastro exige que los interesados demuestren un “interés legítimo” para obtener copias certificadas de documentos relacionados con un predio, lo que, según la diputada, se ha convertido en una barrera para la transparencia.

Con la reforma, las oficinas de Catastro deberán proporcionar esta información a cualquier solicitante, sin costo y mediante formatos accesibles, garantizando siempre la protección de datos personales de los propietarios.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma a la Ley de Catastro de BCS?

El decreto, de ser aprobado por el Congreso de Baja California Sur, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Los ayuntamientos tendrán hasta el 28 de enero de 2026 para ajustar sus reglamentos y procedimientos internos a la nueva disposición.

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Con esta medida, el Legislativo estatal busca que los ciudadanos puedan tomar decisiones de compra más seguras y que el fraude inmobiliario deje de ser una amenaza para el patrimonio de las familias sudcalifornianas.