Buscan frenar invasiones y fraudes inmobiliarios en BCS con penas más severas

Con el objetivo de frenar el avance de las invasiones de terrenos, los fraudes inmobiliarios y el despojo de propiedades, el diputado Venustiano Pérez Sánchez, de la fracción parlamentaria de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta busca sancionar con penas de hasta 15 años de prisión y multas superiores a los 400 mil pesos a quienes cometan estos delitos patrimoniales, que afectan especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.

La reforma contempla modificaciones a los artículos 247, 248 y 251 del Código Penal estatal, e incorpora por primera vez la tipificación del mal uso de la fe notarial, una figura clave en diversos casos de despojo y venta irregular de predios, pero que hasta ahora no está contemplada legalmente.

“Esta iniciativa busca modificar varios artículos relacionados con el delito de despojo y también tipificar el delito vinculado al mal uso de la fe notarial. Es un problema real en Baja California Sur, donde personas humildes son engañadas con la venta de terrenos, o bien, otras se posicionan y despojan de forma ilegal”, expresó Pérez Sánchez.

De acuerdo con la propuesta, el despojo simple sería castigado con multas de entre 100 y 600 días de salario mínimo, es decir, de 27 mil 880 a 167 mil 280 pesos, mientras que el despojo agravado —cuando se comete con violencia o involucra a servidores públicos— alcanzaría de 1,000 a 1,500 días de salario, lo que equivale a 278 mil 800 hasta 417 mil pesos, además de prisión de 4 a 15 años, según la gravedad del caso.

“Necesitamos hacer un análisis profundo. Esta problemática ha generado graves daños patrimoniales y conflictos legales por derechos de antigüedad en la propiedad. Es urgente actualizar la ley para proteger a los legítimos propietarios”, señaló el legislador.

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La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis legislativo. Su discusión se da en un contexto donde las cifras reflejan una realidad preocupante: según la Dirección de Protección Civil de Los Cabos, alrededor de 400 personas viven actualmente en zonas de invasión, lo que subraya la urgencia de endurecer la legislación penal.

El Congreso del Estado podría votar la propuesta en las próximas semanas, en medio de una creciente presión social para frenar los fraudes inmobiliarios y garantizar seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra en Baja California Sur.

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