Escándalo energético sacude al gobierno de Zelensky en plena crisis de apagones invernales en Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfrenta una de las mayores crisis políticas desde el inicio de la guerra, luego de que un nuevo escándalo de corrupción golpeara el corazón del sector energético, justo cuando millones de ucranianos vuelven a sufrir prolongados cortes de electricidad en medio del invierno. Las acusaciones de sobornos, contratos inflados y vínculos con antiguos socios del mandatario han desatado una tormenta política que amenaza con erosionar su credibilidad interna y debilitar el apoyo internacional a Kyiv.

El caso estalló esta semana, cuando el organismo anticorrupción de Ucrania reveló que se desviaron hasta 100 millones de dólares de contratos destinados a reforzar la seguridad de infraestructuras energéticas. La trama involucra a altos funcionarios del Gobierno y empresarios relacionados con Energoatom, la operadora estatal de plantas nucleares. Las pesquisas ya provocaron la caída de dos ministros y la suspensión de German Galushchenko, exministro de energía, quien fue señalado como beneficiario indirecto del esquema.

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El escándalo adquirió una dimensión personal para Zelensky al conocerse que uno de los principales acusados, Timur Mindich, es un antiguo socio comercial del presidente durante su etapa como productor televisivo. Mindich, conocido con el apodo de “Carlson”, habría presumido en llamadas interceptadas de tener acceso directo a Zelensky e influencia dentro del gabinete. Aunque no existen pruebas de participación directa del mandatario, su nombre apareció por primera vez en una causa de corrupción, un hecho sin precedentes desde el inicio de su mandato.

Mindich abandonó el país días antes de hacerse públicas las acusaciones. La agencia estatal de fronteras confirmó que su salida fue legal y que no existía orden de detención en su contra. En respuesta, el gabinete ucraniano impuso sanciones inmediatas contra él, congelando sus cuentas y bloqueando sus negocios dentro del país. Sin embargo, la fuga del empresario avivó las críticas contra la lentitud del Ejecutivo para reaccionar ante un caso que ya había generado sospechas desde el verano pasado.

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Mientras tanto, el impacto del escándalo se amplifica por el contexto humanitario que vive Ucrania. En Kyiv, los apagones se extienden entre ocho y once horas diarias debido a los ataques rusos a plantas eléctricas y subestaciones. Las escenas de cafeterías iluminadas con generadores diésel y cenas a la luz de las velas se han vuelto a normalizar, recordando los peores meses del invierno de 2022. La falta de electricidad implica, además, interrupciones en la calefacción, los elevadores y el suministro de agua, agravando las condiciones de vida de la población civil.

Las audiencias judiciales sobre el caso se desarrollan en Kyiv con transmisión pública, en un intento por demostrar transparencia. Los investigadores aseguran haber recopilado más de mil horas de grabaciones que documentan conversaciones entre los involucrados. Analistas locales coinciden en que el desenlace del proceso será determinante para medir la solidez política de Zelensky, en momentos en que el ejército ucraniano pierde posiciones en el este y el apoyo occidental muestra signos de fatiga.

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Expertos como Tymofiy Mylovanov, exministro y director de la Escuela de Economía de Kyiv, advirtieron que el presidente debe actuar con “la mayor dureza posible” si busca mantener la confianza pública. En declaraciones a medios locales, subrayó que la población espera castigos ejemplares: “Si Zelensky no actúa, la gente interpretará que está del lado de los corruptos. Si los sanciona, si los procesa, entonces aún tendrá crédito político”.

Aunque el mandatario conserva alrededor del 60 % de aprobación, según el Instituto Internacional de Sociología de Kyiv, las encuestas muestran una tendencia descendente y un creciente rechazo social a la corrupción. Los aliados internacionales de Ucrania también observan con atención: Estados Unidos y la Unión Europea han condicionado parte de su apoyo financiero a reformas estructurales de transparencia y rendición de cuentas.

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