Defensa de Genaro García Luna apela sentencia en EU y denuncia irregularidades en el juicio federal

La defensa legal de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, presentó un recurso de apelación ante una corte federal en Estados Unidos contra la sentencia de 38 años de prisión y la multa de 2 millones de dólares impuestas tras ser declarado culpable de cargos de narcotráfico. Los abogados sostienen que el juicio estuvo marcado por graves irregularidades que vulneraron el derecho al debido proceso.

El escrito, de 78 páginas y acompañado de 22 apéndices, fue presentado el 18 de diciembre de 2025, último día del plazo concedido por la Corte para formalizar la apelación, tras varias extensiones por dificultades de comunicación entre García Luna y su defensa debido a constantes traslados de penal e incomunicación.

Los abogados César de Castro y Valerie Gotlib estructuran su apelación en cinco puntos clave en los que acusan que el proceso quedó “irremediablemente contaminado” y, por ello, debe ser anulado o reiniciado:

1. Testimonios falsos o manipulados.
   La defensa sostiene que varios testigos presentados por la fiscalía ofrecieron declaraciones falsas o inconsistentes bajo juramento, incluyendo relatos sobre supuestos encuentros violentos que, según evidencia documental, no ocurrieron.
2. Ocultamiento de evidencia exculpatoria.
   Acusan que la fiscalía no presentó documentos que podrían haber favorecido a García Luna, como revisiones de antecedentes o registros de interacciones con agencias de seguridad que no mostraban irregularidades.
3. Negación de contrainterrogatorio clave.
   Se alega que el juez no permitió interrogar a testigos cooperantes sobre aspectos que podrían cuestionar su credibilidad, violando la confrontación plena de pruebas.
4. Inclusión indebida de evidencia patrimonial.
   Las fotografías y descripciones de propiedades sin relación directa con los cargos fueron admitidas, lo que, según la defensa, generó prejuicio ante el jurado.
5. Sentencia y multa desproporcionadas.

Los defensores sostienen que la pena y la multa son excesivas en comparación con casos similares, y que algunos hechos usados para justificar la condena no fueron probados de manera objetiva.