EE.UU. revela acuerdo de “tercer país seguro” con Ecuador para recibir a migrantes deportados

La publicación del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Ecuador, difundida este viernes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), marca un nuevo capítulo en la estrategia regional para gestionar flujos migratorios y solicitudes de protección internacional. El documento, acompañado de un intercambio de notas diplomáticas fechadas entre el 16 y el 23 de julio de 2025, establece las condiciones bajo las cuales Washington podrá transferir a Ecuador a ciudadanos de terceros países que busquen protección y no puedan ser retornados a sus naciones de origen.

El anuncio abre un ángulo crítico en la política migratoria hemisférica: la colaboración creciente entre gobiernos para distribuir responsabilidades sobre personas que alegan riesgo de persecución o violencia. Según el texto, Estados Unidos podrá proponer la transferencia de estos migrantes “a su entera discreción”, mientras que Ecuador tendrá la facultad de aceptar o rechazar parcial o totalmente cada solicitud, preservando así un margen soberano en sus decisiones.

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El acuerdo insiste en que ambas naciones deberán apegarse a estándares internacionales de asilo, refugio y protección temporal, lo que implica revisar caso por caso la situación legal, personal y humanitaria de cada persona trasladada. Este punto busca blindar el proceso frente a cuestionamientos sobre derechos humanos, una preocupación habitual cuando se establecen convenios de “tercer país seguro”.

La reacción inicial desde Quito revela que la publicación tomó por sorpresa incluso a altos funcionarios. John Reimberg, ministro del Interior, declaró a CNN —vía el portal Altavoz— que se enteró del documento el mismo día que se hizo público y que revisará su contenido a detalle. Sin embargo, adelantó que Ecuador solo aceptará a personas sin antecedentes penales y que la Policía Nacional colaborará verificando identidades y expedientes.

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Este parámetro coincide con declaraciones previas de la canciller Gabriela Sommerfeld, quien en septiembre confirmó que Ecuador planeaba un programa limitado para recibir hasta 300 personas al año, siempre bajo condiciones estrictas: ausencia de historial delictivo, buen estado de salud y ninguna enfermedad que represente riesgo para la población. Sommerfeld enfatizó entonces que no se trata de un modelo carcelario como el implementado por El Salvador, sino de un esquema humanitario enfocado en refugiados de diversas nacionalidades.

El documento oficial también aclara que Ecuador no podrá retornar a ningún transferido mientras exista una solicitud migratoria pendiente, y excluye por completo a menores de edad no acompañados, un punto sensible en los acuerdos migratorios internacionales. Además, precisa que ninguna de las partes comprometerá recursos económicos específicos; la implementación dependerá de la disponibilidad presupuestal y capacidad operativa de cada país.

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La entrada en vigor del acuerdo está sujeta a la respuesta formal de Ecuador, un paso que aún no ha sido confirmado por la Cancillería. Diversos medios de comunicación han solicitado información adicional al Gobierno ecuatoriano, pero sin respuesta aún. Con este pacto, Ecuador se suma a una tendencia regional que avanza rápidamente: Paraguay firmó un acuerdo similar en agosto y Belice hizo lo propio en octubre, posicionándose como los primeros socios en Sudamérica y Centroamérica dentro de esta nueva estrategia estadounidense.

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