En 2019, el gobierno de Quintana Roo implementó el Derecho al Saneamiento Ambiental, un cobro a turistas para mejorar playas, infraestructura y seguridad en destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. La tarifa varía según el destino, siendo el 70% de la UMA en Cancún y Playa del Carmen, y el 30% en Tulum.

Cancún ha recaudado el 46% de estos fondos, sumando 332.9 millones de pesos en 2024. Para asegurar la transparencia, el Congreso de Quintana Roo creó fideicomisos en 2024, destinando el 30% de los fondos a proyectos ambientales, 16% a seguridad y el 50% a infraestructura. Sin embargo, el cobro ha generado quejas entre turistas y prestadores de servicios, que lo ven como un desincentivo al turismo, agravado por el aumento de la tasa en los últimos años.

Los Cabos, el Segundo Destino en Implementar el Derecho al Saneamiento Ambiental

Los Cabos, una de las ciudades de México con mayor crecimiento anual, ha duplicado su tamaño cada 7 u 8 años, alcanzando un crecimiento del 244% en las últimas dos décadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Coordinador de Los Cabos, se estima que la población de la ciudad podría llegar a 800,000 habitantes para 2040. Ante este crecimiento y la falta de recursos para atender la demanda de servicios e infraestructura, el Congreso de Baja California Sur aprobó en 2022 el cobro del Derecho al Saneamiento Ambiental en el municipio.

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Con una tasa del 35% de la UMA (aproximadamente 37.99 pesos mexicanos), este cobro generó 100 millones de pesos en 2023. Aunque inicialmente hubo oposición del sector privado, que exigía la creación de un fideicomiso con participación empresarial para gestionar los recursos, el cobro comenzó a aplicarse en septiembre de 2022. En enero de 2024, se entregó la primera obra financiada con estos fondos: la pavimentación de la calle Girasoles, en la colonia Jacarandas de Cabo San Lucas, con una inversión de 53.4 millones de pesos.

La segunda obra fue la construcción de la potabilizadora Juárez en el centro de Cabo San Lucas, que costó 23 millones de pesos y ahora aporta 15 litros por segundo de agua a la red hidráulica. El Consejo Coordinador de Los Cabos, que forma parte del Comité Técnico de este fideicomiso, informó que el 50% de las propuestas fueron rechazadas por no representar un beneficio significativo para la comunidad y destacó que gran parte de los fondos se destinan a obras relacionadas con el agua potable.

Derecho al Saneamiento Ambiental: Cobro Controversial

A pesar de los fondos obtenidos durante los tres años de la administración del exalcalde Óscar Leggs Castro, que incluyeron más de 4,000 millones de pesos y alrededor de 100 millones del Derecho al Saneamiento Ambiental, Los Cabos enfrentó una crisis en servicios públicos los últimos meses del XIV Ayuntamiento de Los Cabos. La acumulación de basura se volvió un problema tan grave que en algunos casos los residuos se acumulaban por más de dos semanas.

Para abordar la situación, el Subcomité del Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental anunció, a dos meses de finalizar el mandato de Leggs, una inversión de aproximadamente 80 millones de pesos para adquirir 15 camiones de recolección de basura, cuatro barredoras, un camión especial y una trituradora. Sin embargo, al momento de la transición de gobierno, solo habían llegado 12 camiones de basura, dejando en duda la entrega del resto del equipo.

Otro de los proyectos que ha generado dudas es la adquisición de una máquina Widoo, diseñada para extraer lirio acuático y para la conservación de la Reserva Ecológica Estatal (REE) del Estero de San José del Cabo. Según la última información, la Oficialía Mayor continuaba en pláticas con la empresa proveedora, pese a que el pago fue realizado hace casi un año.

Además de la máquina, también se adquirieron una banda transportadora y herramientas, así como la capacitación para el personal encargado de la conservación del estero.

Ante los resultados y desafíos de la implementación de este cobro en destinos como Quintana Roo y Los Cabos, el gobierno de Puerto Vallarta ha presentado una iniciativa para implementar el Derecho al Saneamiento Ambiental en su destino turístico. Esto ha generado debate entre los sectores productivos de la región, quienes cuestionan la efectividad de este impuesto, considerando las dificultades observadas en los destinos donde ya se aplica.

El Derecho al Saneamiento Ambiental, aplicado en Quintana Roo y Los Cabos, financia mejoras en infraestructura turística y servicios básicos. Aunque ha permitido avances, como obras y equipo para recolección de basura, el cobro enfrenta críticas por la falta de transparencia y aumento de costos para turistas. La propuesta de Puerto Vallarta de implementar este impuesto ha reabierto el debate sobre su efectividad y la necesidad de una gestión más transparente para asegurar beneficios a la comunidad.

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