El centro de convenciones G20 en el limbo jurídico: Incertidumbre sobre su futuro
Han transcurrido 11 años desde la inauguración del centro de convenciones conocido como G20, el cual está ubicado en San José del Cabo. Este recinto fue la sede de la séptima cumbre del G-20. Lamentablemente, en la actualidad se encuentra en completo abandono y su estructura presenta un notable deterioro.
A pesar de que existe un gran interés por rescatar esta estructura, que con el tiempo ha sido catalogada como un “elefante blanco”, el gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, declaró recientemente que el recinto se encuentra involucrado en un proceso legal. Además, destacó que hasta el día de hoy, el estado ha sido demandado por la empresa constructora.
“La verdad es que da pena como nos dejaron el centro de convenciones, tanto dinero del pueblo tirado, y la empresa todavía nos tiene demandado, después de que incumplieron pero ya estamos en esos últimos procesos, y espero ya no tenga ningún problema jurídico y podamos invertirle y recuperar ese centro, como el que le invertimos aquí en La Paz. Les vamos a dejar un centro de convenciones óptimo, vamos a tratar que sean oficinas de gobierno pero también que una parte sirva para convenciones, no tan grandes como habíamos pensado pero si convenciones que den la oportunidad de recuperar en recurso que se invierta en el”.
El centro de convenciones de San José del Cabo podría convertirse en una ciudad administrativa para reunir las oficinas gubernamentales y evitar traslados. Sin embargo, el proceso legal y la inversión son retos importantes en su rescate. Se estima una inversión de aproximadamente 27 millones de pesos, aunque se sugiere que podría ser necesario invertir alrededor de 150 millones de pesos.
El edificio, antes conocido por su sistema de riego y vegetación, presenta desprendimientos y grietas en su estructura. Existe un gran interés en rescatarlo y se ha considerado incluirlo en una ciudad administrativa que concentre las oficinas municipales, estatales y federales.
Aunque se prometió su rescate para finales de 2022, los procesos legales y la inversión requerida han retrasado las acciones concretas sobre su futuro.
