¿Qué falló en Waldo’s Hermosillo para que un transformador privado provocara 23 muertes?

Un incendio dentro de una tienda Waldo’s en el Centro de Hermosillo dejó 23 personas sin vida y más de una decena heridas, tras la explosión registrada al interior del establecimiento el pasado fin de semana. Las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas falleció por inhalación de gases tóxicos mientras intentaban resguardarse del humo, lo que desató una movilización masiva de cuerpos de emergencia y volvió a encender el debate sobre las condiciones de seguridad en comercios concurridos.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, la línea principal de investigación apunta a que la explosión se originó en un transformador privado propiedad del establecimiento, ubicado dentro del inmueble. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que el equipo no era parte de su red, por lo que el mantenimiento, permisos y operación recaían directamente en la empresa.

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Además del transformador, se detectó que la sucursal contaba con paneles solares y convertidores eléctricos, lo que configuraba una instalación energética interna más compleja de lo habitual. Expertos señalan que este tipo de infraestructura requiere inspecciones rigurosas y protocolos estrictos para evitar fallas y riesgos eléctricos.

El caso tomó mayor relevancia cuando Protección Civil estatal reveló que la tienda no tenía vigente su programa de seguridad, el cual fue negado en 2021 por incumplimientos. La falta de certificación y supervisión podría ser un elemento clave en el proceso de responsabilidades administrativas y penales.

Como medida inmediata, el Gobierno de Sonora ordenó el cierre temporal de todas las sucursales de Waldo’s en el estado para una revisión exhaustiva de instalaciones eléctricas, rutas de evacuación y permisos de seguridad.

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Hasta ahora, la investigación se mantiene como un hecho “accidental”, pero autoridades estatales no descartan sanciones severas si se confirma negligencia en mantenimiento, permisos o protocolos internos. La tragedia abre un debate nacional sobre las inspecciones comerciales, el manejo de infraestructura eléctrica privada y la protección al consumidor en establecimientos de alta afluencia.

La Fiscalía continúa recabando dictámenes periciales, mientras familiares de las víctimas exigen justicia y garantías de que una tragedia similar no vuelva a repetirse.

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