En cuatro años, feminicidios se triplicaron en Baja California Sur

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, se registraron 17 feminicidios desde el año 2019, al cierre de 2022. En todos estos años, solo cuatro de los responsables han sido encontrados culpables, con sentencias que van de 20 a 65 años de prisión.

Los datos obtenidos por CPS Noticias, a través de la plataforma de Transparencia, son un reflejo de la impunidad que se instaló en el estado y revelan la incapacidad de las autoridades para garantizar el acceso a la justicia a los familiares y víctimas de feminicidios.

Las cifras entregadas por las autoridades estatales exhiben que los feminicidios crecen a un ritmo alarmante en casi todos los rincones de la entidad: de dos casos registrados en 2019, para el año siguiente se reportaron tres y, años más tarde se contabilizaron seis casos, en 2021 y, la misma cifra en 2022.

Con base en el informe oficial, cuatro de los casos de feminicidios no han conseguido llegar a los tribunales tras continuar en etapa de investigación inicial en manos de la Procuraduría, mientras que en dos casos las autoridades determinaron el no ejercicio de la acción penal. El resto de los casos, en etapa intermedia o aún en investigación, se desahogan desde hace años en los juzgados.

María Josefina Herrera Alvarado, originaria de Sonora y dedicada a la psicología e investigación, es una de las voces que desde hace un año y cuatro meses exige justicia a las autoridades por el feminicidio de su hija Nayeli Guerrero Herrera, joven de 37 años que había sido reportada como desaparecida el 14 de octubre del 2021 y localizada sin vida tres días después, al interior de su negocio, ubicado en la zona centro de San José del Cabo.

María Josefina Herrera, madre de Nayeli Guerrero

Aunque su caso ha llegado a los tribunales, las autoridades han sido incapaces de castigar al culpable, mientras la audiencia se ha pospuesto hasta en cuatro ocasiones en el último año.

Nayeli Guerrero estudió la carrera de diseño en la Universidad Autónoma de Guadalajara, emprendedora y reconocida por su labor de rescatar y ayudar a dar en adopción mascotas en diferentes organizaciones civiles, así es recordada por su familia y amigos.

“Después de seis meses de investigación y después de ocho meses para poder llegar a una primera audiencia preliminar y después de cinco meses para poder llegar a la tercera audiencia para un juicio, me doy cuenta de que es un camino como los católicos le llaman ‘un viacrucis’, pero no tengo por qué llevarlo, no tengo porque caminarlo”, lamenta la madre, quien accedió a conversar sobre su caso con CPS Noticias.

La respuesta obtenida a una solicitud de acceso a la información confirma que, de los 17 feminicidios cometidos en el estado de Baja California Sur en los últimos cuatro años, ocho fueron canalizados a los juzgados de Los Cabos, un caso en Mulegé y otro más en Comondú.

Aunque la Procuraduría reportó en sus datos 17 casos de feminicidios, de acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el estado se han registrado 19 casos de feminicidios, entre 2019 y 2022.

“Un feminicidio es impagable, ningún día, ningún año, ninguna penalidad máxima va a poder pagar un feminicidio. Yo acepto que todos nos tenemos que morir, pero no así”, asegura la madre de la joven Nayeli.

Su hija desapareció un jueves 14 de octubre del 2021, el mismo día de su cumpleaños, aquel en el que planeaba con ilusión asistir a un campamento en la ciudad de La Paz para festejar con sus amigas, sin embargo, nunca llegó a su destino, razón por la cual familiares y amigos comenzaron a difundir su foto en redes sociales para su localización.

Nayeli Guerrero

Tres días después, la mañana del domingo 17 de ese mes, se registró una movilización policiaca en la calle Manuel Doblado, en la zona centro de San José del Cabo, derivado de la localización de un cuerpo sin vida en el interior de un local comercial. Horas más tarde las autoridades confirmaron que se trataba del cuerpo de Nayeli.

El cuerpo fue encontrado con signos de violencia, de acuerdo con las versiones oficiales de las autoridades. El agresor, Hugo “N”, le arrebató la vida y le robó la camioneta, que pertenecía a la madre de la víctima.

Hugo “N” era trabajador ocasional de Nayeli Guerrero, platicó su madre que, como antecedente, desde el 22 de julio del 2021 el sujeto comenzó a ejercer presión psicológica a través de amenazas después de una supuesta caída en la cual aseguró haberse fracturado el codo, cuando solo habría sufrido una luxación, hecho por el cual exigía la cantidad de 100 mil pesos a la víctima, sino el “demandaría” a la empresa.

Hugo “N”, presunto agresor de Nayeli

Por la puerta falsa: Feminicidios que no tuvieron sentencia

La información obtenida por CPS Noticias revela que, de todos los feminicidios que reportan las autoridades, en dos investigaciones las autoridades determinaron no ejercer acción penal. Ambos casos revelan que las autoridades no consiguieron una sentencia debido al suicidio de los culpables.

El primer caso, de acuerdo con la carpeta de investigación con NUC TS/17/2022, ocurrió en el primer mes del 2022. Los reportes de la prensa señalaron que en el ejido Melitón Albañez, perteneciente al municipio de La Paz, se encontraron en el interior de un hogar los cuerpos sin vida de una mujer, que fue asesinada por un hombre que se quitó la vida.

De acuerdo con el dictamen de defunción al que este medio tuvo acceso, los médicos forenses determinaron que la causa de muerte de la mujer fue por estrangulación mecánica, mientras que el hombre se quitó la vida a través de asfixia por ahorcamiento, siendo encontrado colgado de las rejas en suspensión incompleta.

El segundo caso tuvo lugar la noche del 9 de febrero del 2022 en Ciudad Constitución, en el municipio de Comondú. Al igual que en el caso anterior, el culpable se suicidó después de asesinar a su víctima.

Las investigaciones encuadraron que la muerte de la joven se trató de un feminicidio, agentes de investigación y peritos encontraron el cuerpo sin vida de una mujer con una herida en el abdomen a causa de un disparo de arma de fuego, de acuerdo con notas de prensa. Mientras que el imputado falleció momentos después al ser trasladado al hospital.

Autoridades aseguran disminución de asesinatos de mujeres

Pese a que en los últimos cuatro años los feminicidios se han triplicado y los casos de violencia crecen a niveles imparables, Daniel de la Rosa Anaya, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aseguró que los asesinatos de mujeres se han reducido.

Daniel de la Rosa Anaya, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)

Cuestionado sobre la falta de sentencias condenatorias, de la Rosa Anaya justificó que los presuntos culpables no se encuentran en libertad, sino que siguen su proceso penal en prisión preventiva.

“Todas las carpetas que se han iniciado por el delito de feminicidio, prácticamente los responsables están en prisión preventiva (…) En el resto siguen su procedimiento penal respectivo ante la autoridad judicial. Ya son tiempos que corresponden al sistema del Poder Judicial, algunas dependen de la defensa si está aportando pruebas, pues se va prolongando el procedimiento, es decir, son diversas las circunstancias, inclusive el asesor jurídico de la víctima, de eso depende que se vaya alargando un procedimiento, no del Ministerio Público ni de la Procuraduría, sino que ya es un procedimiento de carácter judicial”, apuntó el procurador.

Información obtenida a través de la plataforma de Transparencia arroja que apenas en cuatro casos se obtuvo una sentencia condenatoria, tres de ellos con penas de 20 a 30 años de prisión, fueron judicializados en el municipio de Los Cabos y un caso más en el municipio de Mulegé consiguió una sentencia de 65 años de prisión; en este último al agresor se le sentenció también por el delito de homicidio calificado en agravio de un menor de dos años.

Matías “N”, sentenciado a 65 años de prisión por el delito de feminicidio y homicidio calificado de su pareja sentimental y su menor hijo de dos años

Respecto a los factores que determinan la pena máxima o mínima en la resolución de los casos de feminicidios, de la Rosa Anaya mencionó lo siguiente:

“Depende las circunstancias, lo determinan los jueces de la entidad, no los Ministerios Públicos, los jueces determinan en base a la peligrosidad de la persona, en la individualización de cada presunto o presuntos responsables, con base a lo que se va probando en la etapa complementaria o cuando se está desarrollando el juicio propiamente”.

La cifra negra de los feminicidios en BCS

En exclusiva para CPS Noticias, Elena Estrella, integrante de la colectiva “Ellas nos faltan BCS”; agrupación feminista fundada en mayo del 2021, expresó que desde el 2019 a 2022, el colectivo tiene un registro de 23 casos de feminicidio, algunos de ellos clasificados por la autoridad como homicidios dolosos o calificados.

“En ese sentido se ha demostrado la incapacidad que ha tenido el gobierno estatal para atender con efectividad los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, en los cuales sobresalen los feminicidios. Ha sido incapaz de procesar jurídicamente a los presuntos responsables que se encuentran algunos de manera preventiva en la cárcel, aún no hay sentencia condenatoria en los casos de Daniela Lino, del cual ya está en la cárcel de forma preventiva, Aolanis Sánchez Lucero, Nayeli Alfaro, Itzayana Aguilar, entre muchas otras mujeres que desde el 2019 hacia acá que tenemos registradas que no tenemos información al respecto”, expresó Elena Estrella.

Ante la falta de información oficial sobre el estatus de las investigaciones de feminicidio, las colectivas feministas han construido su registro de casos a partir de los informes de la prensa y lamentan la falta de acceso a la justicia.

“Le llamamos impunidad y falta de interés real por el que se resuelvan estos casos, siendo esa la principal causa en que sólo una minoría de casos se ha hecho justicia”.

Colectivas feministas

Mujeres sudcalifornianas exigen a las autoridades estatales aplicar los protocolos de atención a víctimas y que los homicidios de mujeres sean clasificados como feminicidios. También piden que las autoridades sean debidamente capacitadas y sensibilizadas para la atención de este tipo de casos.

“El llamado sería, número uno: Dejar de dar declaraciones falsas como se ha visto desde el año pasado y como se sigue viendo en este año. No estamos en el top de seguridad contra la violencia de las mujeres a nivel nacional, nos sentimos inseguras al salir de nuestras casas. También el llamado a que se termine esa insensibilidad e inacción de las autoridades estatales, así como a la ciudadanía para que deje la apatía en estos temas y se involucre, porque la violencia machista que termina en feminicidio no responde a clases sociales”, indicó la integrante de la colectiva feminista.

A la espera de la sentencia del asesino de Nayeli

Hugo “N” se encuentra en la modalidad de prisión preventiva desde hace más de un año y las autoridades aún no lo sentencian, a pesar de que todas las pruebas apuntan a él como el responsable de privar de la vida a la joven Nayeli Guerrero. Su familia y amigos acusan la falta de capacidad de las autoridades procuradoras de justicia.

Ha pasado más de un año del feminicidio de Nayeli y en cuatro ocasiones se ha pospuesto la audiencia de desahogo de pruebas, por lo que sus amigos y madre esperan que el caso concluya y se aplique la pena de 50 años de prisión, mientras que la parte defensora del agresor solicita la audiencia previa, para que se le dicte sentencia de 30 años con beneficios.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Código Penal de Baja California Sur, el delito de feminicidio se castiga con una pena corporal de 30 a 60 años de prisión y a la reparación del daño.

La madre de la víctima relata los pormenores del intricado camino de la justicia estatal y explica con detalle el dilatado proceso que sigue su caso.

“La primera (vez que se pospuso la audiencia) fue porque a la Juez se le empalmó la agenda, la segunda fue porque a la defensa se le empalmó una cita con el psiquiatra, la tercera fue porque el director del penal perdió el oficio y además no contaba con el sistema para poderlo trasladar y la cuarta fue porque la fiscal a cargo del caso, en ese entonces, se le empalmó un juicio oral y le dieron la comisión a otra fiscal del estado, la cual no conocía la carpeta de investigación, es más, no sabía cómo se llamaba la víctima”.

Desde entonces, María Josefina Herrera Alvarado exige la aplicación de la ley y el profesionalismo de la Procuraduría, de la dirección de defensa y del Centro de Reinserción Social, “¡O me cumplen, o me cumplen! ¡Quiero un juicio!”.

Justicia para Nayeli

La madre de Nayeli aconseja a todas las madres que están pasando por este proceso a exigir un juicio, la atención especializada y la aplicación del protocolo para víctimas, para así tener herramientas emocionales y psicológicas para continuar el proceso, “no es fácil”, enfatizó, “pero como humanos debemos hacerlo”.

“No voy a descansar por el derecho de mi hija y por el derecho mío, y por el derecho de los demás, y si yo no puedo seguir en esto por alguna razón, por si me pasa algo, ustedes van a continuar, deben de continuar, es nuestro derecho como personas y como mujeres”, consideró la madre de Nayeli.

Nayeli Guerrero Herrera