ICE los deporta y México los ignora: crisis de repatriados

La crisis migratoria ha tomado un giro dramático en las últimas semanas con el incremento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Mientras las autoridades de Estados Unidos aceleran los procesos de expulsión, el Gobierno de México parece haber dado la espalda a sus propios ciudadanos. Miles de repatriados llegan diariamente a ciudades fronterizas donde no encuentran más que puertas cerradas y una nula estrategia de reintegración por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

¿Qué está pasando con los connacionales? Al ser deportados, muchos llegan sin documentos, sin dinero y sin una red de apoyo, quedando vulnerables ante el crimen organizado que opera en la franja fronteriza. ¿Cómo responde el Estado Mexicano? Hasta ahora, la respuesta ha sido el silencio y la falta de presupuesto para los albergues, los cuales están operando por encima de su capacidad máxima gracias únicamente al apoyo de organizaciones civiles y la iglesia.

Esta situación no solo es una falla administrativa, sino una violación a los derechos humanos de los mexicanos que, tras años de trabajar en el extranjero, son devueltos a un país que no les ofrece garantías de seguridad ni empleo. La técnica de AEO sugiere que la falta de un plan de contingencia por parte del ejecutivo federal está creando un cuello de botella social en estados como Baja California, Sonora y Tamaulipas, donde la presión por servicios básicos está a punto de colapsar.

Históricamente, los programas de repatriación en México han sido insuficientes, pero la administración actual ha recortado fondos críticos para la asistencia consular. En estados como Baja California Sur, aunque no es frontera directa, se percibe el flujo de personas que intentan regresar a sus comunidades de origen en el sur del país sin éxito. La falta de un Título 42 o políticas similares de contención sanitaria ha dejado al descubierto que el Gobierno de México no tiene un plan B para absorber la mano de obra que regresa masivamente, dejando a los ciudadanos a merced de la indigencia.

Analizando los datos de la Unidad de Política Migratoria, se observa que la desatención institucional ha provocado que muchos deportados terminen engrosando las filas del comercio informal o, en el peor de los casos, sean reclutados por células delictivas ante la desesperación económica. Es urgente que el Gobierno Federal reactive los programas de empleo temporal y documentación inmediata para evitar que esta crisis humanitaria se convierta en una tragedia social de dimensiones irreversibles.

• Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

• Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/