Jornaleros mexicanos en Canadá denuncian abusos laborales en invernaderos de Ontario

Jornaleros mexicanos temporales que trabajan en invernaderos de la región de Leamington, provincia de Ontario, Canadá, han revelado condiciones laborales severas, que incluyen vivienda inadecuada, exposición a pesticidas sin protección, despidos sin indemnización y falta de participación en los procesos de contratación y supervisión.

Los trabajadores provienen de programas como el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) y el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET), los cuales en conjunto han vinculado a cerca de 600 000 mexicanos con empleos agrícolas en Canadá. Aunque los salarios pueden llegar a los 150 dólares canadienses por día (aproximadamente 1 800 pesos mexicanos), muchos jornaleros denuncian que las promesas de trato digno no se cumplen en la práctica.

Entre las quejas más frecuentes están: viviendas hacinadas (hasta 25 personas por alojamiento), falta de higiene básica, supervisores que emplean relojes para medir rendimiento y amenazan con despido sin pago, y tareas peligrosas sin equipo de protección, como trabajar mientras se aplican pesticidas tóxicos.

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Los trabajadores señalan que no tienen acceso efectivo a mecanismos de protección o supervisión binacional: los consulados no cuentan con poder sancionador y no se invita a los jornaleros a las mesas donde se revisan los programas.

La situación cobra especial relevancia al aproximarse la revisión del PTAT y del Tratado México–Estados Unidos–Canadá (T-MEC) en los próximos meses, pues los jornaleros advierten que sin cambios estructurales, seguirán siendo vulnerables. Organizaciones sindicales como United Food and Commercial Workers (UFCW) piden “que se otorguen a los trabajadores temporales los mismos derechos que a los canadienses”.

Especialistas sugieren que México debe asumir un papel más activo: incluir a los trabajadores en las negociaciones de los programas migratorios, desarrollar mecanismos de inspección bilateral y crear estructuras institucionales que eviten que el reclutamiento temporal derive en explotación.

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