Los Cabos firma convenio con INSUS para regularizar terrenos

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos
En un paso decisivo hacia la justicia territorial y la seguridad jurídica de cientos de familias, el Ayuntamiento de Los Cabos firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), enfocado en la regularización de terrenos en situación irregular.
El acto fue encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, quien reiteró que esta acción responde a una de las principales demandas ciudadanas en materia de vivienda y certeza patrimonial. Asimismo, durante el evento se tomó protesta al Comité de Evaluación del Uso del Suelo, encargado de supervisar y agilizar los procesos administrativos relacionados con la tenencia legal del suelo.
“Estamos hablando de personas que llevan años viviendo en predios que les pertenecen de facto, pero no de derecho. Este convenio busca que puedan obtener sus títulos de propiedad y que se integren plenamente al desarrollo urbano con todos sus derechos”, señaló el presidente municipal.
La problemática de la tenencia irregular de la tierra afecta principalmente a sectores vulnerables de Cabo San Lucas, donde los asentamientos irregulares han proliferado ante el crecimiento demográfico y la falta de vivienda formal. Con esta alianza, se da cumplimiento al compromiso número 49 del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a garantizar la legalidad del suelo en zonas urbanas.
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Por su parte, el representante regional del INSUS en Baja California Sur, Crisantos Cebreros Favela, destacó la voluntad institucional del Cabildo de Los Cabos para facilitar los procesos y poner el tema de la seguridad jurídica patrimonial como prioridad social.
“Esto no es solo un trámite. Es una acción de justicia social que reconoce el derecho de las personas a vivir con legalidad y tranquilidad sobre el patrimonio que han construido con su propio esfuerzo”, afirmó.
Este convenio también se alinea con los objetivos del Programa Nacional de Vivienda, que contempla la regularización de la tierra como una condición indispensable para acceder a servicios públicos, créditos y apoyos para el mejoramiento o construcción de viviendas dignas.
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