Maduro desafía la presión de Washington y garantiza contratos petroleros con Chevron pese a tensión militar

La relación petrolera entre Venezuela y Estados Unidos volvió al centro del tablero geopolítico luego de que el presidente Nicolás Maduro asegurara que los contratos firmados con Chevron se cumplirán “llueva, truene o relampaguee”, incluso en medio del endurecimiento de las acciones de Washington en el Caribe. El mensaje buscó proyectar certidumbre jurídica en un momento marcado por operativos militares, incautaciones de buques y un discurso cada vez más confrontacional entre ambos gobiernos.

La declaración presidencial se produjo un día después de que el Gobierno venezolano confirmara la salida de un buque de Chevron cargado con crudo rumbo a Estados Unidos, un hecho que Caracas presentó como prueba de que los acuerdos energéticos siguen vigentes. El gesto no fue menor: ocurrió justo cuando Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para frenar el comercio petrolero venezolano fuera de los marcos autorizados.

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El contexto político y militar añade presión al sector energético venezolano, luego de que Washington interceptara dos petroleros en el mar Caribe durante el fin de semana. Estas operaciones forman parte de un despliegue militar estadounidense activo desde agosto, que el Gobierno de Maduro interpreta como una estrategia de asfixia económica y advertencia directa contra su administración.

Maduro insistió en que, más allá de los conflictos coyunturales con la Casa Blanca, los compromisos con Chevron se respetan “a rajatabla”, en apego a la Constitución y a las leyes venezolanas. El mensaje apunta tanto a inversionistas como a socios internacionales, en un país que busca mantener ingresos petroleros en un entorno de sanciones y vigilancia constante.

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Desde Washington, el tono ha sido igualmente duro. El presidente Donald Trump afirmó recientemente que Venezuela “le quitó el petróleo” a Estados Unidos y que su gobierno pretende recuperarlo, al anunciar un bloqueo contra petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano. Esa postura se tradujo en la incautación de buques señalados de transportar crudo sancionado dentro de la llamada “flota fantasma” venezolana.

Uno de esos casos fue la confiscación del petrolero Skipper el pasado 10 de diciembre, así como la reciente intercepción de un buque con bandera panameña. Para Caracas, estas acciones confirman una escalada que va más allá del control de sanciones y que busca limitar de forma directa la capacidad exportadora del país.

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En contraste con esos episodios, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que el buque Canopus Voyager zarpó con petróleo venezolano rumbo a Estados Unidos en estricto cumplimiento de los compromisos asumidos por la industria petrolera nacional. El anuncio reforzó la narrativa oficial de que las operaciones autorizadas continúan sin interrupciones.

El Gobierno venezolano sostiene que la estrategia de Washington apunta a un cambio de régimen y al control de sus recursos energéticos, mientras apuesta por mostrar normalidad operativa con socios como Chevron. En ese pulso, el petróleo vuelve a ser el eje de una disputa que mezcla economía, diplomacia y poder militar, con impactos directos en el mercado energético regional.

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