Marx Arriaga denunciado por moches y maltratos en la SEP

El nombre de Marx Arriaga Navarro vuelve a sacudir los cimientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) este 17 de febrero de 2026. Tras su reciente destitución como titular de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), han salido a la luz denuncias formales que lo señalan por presuntos maltratos al personal y por supuestamente solicitar “moches” a colaboradores y proveedores. Estas acusaciones complican la situación jurídica del exfuncionario, quien en días pasados se volvió tendencia por atrincherarse en su oficina y negarse a entregar el cargo, calificando su despido como un “ataque al proyecto de nación”.

De acuerdo con reportes internos y testimonios que han comenzado a circular en dependencias federales, las denuncias contra el exdirector no solo se limitan a su gestión administrativa, sino que escalan a niveles de violencia laboral y psicológica contra subordinados. Estas quejas se suman a la investigación que el Órgano Interno de Control (OIC) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) estarían integrando por supuestas irregularidades financieras relacionadas con la producción de los Libros de Texto Gratuitos, donde se presume que se exigieron pagos indebidos para facilitar trámites o contratos.

La noticia de estos presuntos actos de corrupción llega en un momento de máxima tensión, justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la salida de Arriaga se debió, en parte, a su negativa para realizar ajustes necesarios en los materiales educativos, como la inclusión de más figuras femeninas en la historia. Mientras la SEP, encabezada por Mario Delgado, busca dar vuelta a la página con el nombramiento de Nadia López García como nueva directora, el fantasma de los “moches” amenaza con llevar al exfuncionario ante instancias penales si se comprueban los desvíos.

Para entender el impacto de estas denuncias, es necesario recordar que Marx Arriaga ha sido uno de los funcionarios más divisivos del sexenio. Desde su llegada a la Dirección General de Bibliotecas y posteriormente a la SEP, su gestión estuvo marcada por el conflicto. En 2019, fue señalado por el trato hostil hacia Daniel Goldin, entonces director de la Biblioteca Vasconcelos, a quien supuestamente ordenó “bajar su escritorio al sótano”, un evento que muchos ahora citan como el primer antecedente de su comportamiento autoritario y maltrato laboral.

Estadísticas y quejas previas ya advertían sobre el clima de tensión en la DGME. Durante la creación de los libros de la Nueva Escuela Mexicana, varios ilustradores denunciaron que se les pidió trabajar sin remuneración, bajo la narrativa de “colaboración patriótica”, lo que generó un rechazo masivo en el sector cultural. Ahora, las nuevas denuncias por pedir moches de hasta 4 millones de pesos o porcentajes de salarios sugieren que el discurso de austeridad y humanismo que defendía el exfuncionario podría haber sido utilizado como fachada para beneficios personales.

El futuro de Arriaga parece estar lejos de los consulados que el gobierno le ofreció como salida política. Con las denuncias por maltrato y corrupción sobre la mesa, la Fiscalía General de la República (FGR) podría intervenir si las auditorías de la SEP arrojan pruebas sólidas. Por ahora, el exfuncionario permanece bajo el escrutinio público, mientras los maestros de México exigen transparencia total en el manejo de los recursos destinados a la educación de millones de niños en el país.

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