México cancela las horas extras y redefine el esquema laboral: jornada de 40 horas y nuevos límites en el tiempo de trabajo
Foto: Cortesía
El gobierno de México anunció un cambio histórico en el mercado laboral al cancelar el esquema tradicional de horas extras como forma habitual de incrementar el ingreso de los trabajadores y presentar un nuevo marco que redefine el tiempo de trabajo en todo el país.
La medida, impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), forma parte de una reforma laboral integral que establece la eliminación del pago recurrente por horas adicionales fuera de la jornada regular, así como la progresiva reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas, con un periodo de transición a partir de 2026 y su conclusión prevista para 2030.
De acuerdo con el nuevo esquema, la jornada semanal se ajustará en etapas: en 2027 a 46 horas, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y en 2030 llegará a 40 horas laborables por semana. El objetivo es mejorar la calidad de vida laboral sin afectar salarios ni prestaciones.
La reforma elimina el modelo tradicional donde muchos trabajadores dependían de horas extras para complementar sus ingresos mensuales, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios. Bajo las nuevas reglas, las empresas deberán respetar estrictamente la jornada laboral contratada, y cualquier tiempo adicional deberá ser voluntario y sujeto a condiciones específicas, con topes y remuneraciones acordes a la ley.
Aunque el concepto de “total prohibición” de horas extra ha sido malinterpretado en algunos análisis, el nuevo marco legal propone que el tiempo extraordinario solo se pueda ofrecer de manera voluntaria y con límites claros (por ejemplo, un máximo de 12 horas semanales en ciertos esquemas), además de prohibir que menores de edad laboren tiempo adicional.
El Gobierno asegura que esta reformulación del espacio laboral combate abusos, mejora el equilibrio entre vida personal y profesional, y fortalece la justicia dentro de la relación obrero-patrón. Sin embargo, especialistas laborales y organizaciones sindicales han señalado que la desaparición de ingresos extra sin alternativas concretas de compensación —como ajustes salariales inmediatos— podría afectar el poder adquisitivo de miles de familias que dependían de estas percepciones.
El sector empresarial también ha manifestado inquietudes sobre cómo adaptarse al nuevo esquema sin afectar la productividad, e incluso ha planteado propuestas para subsidios o incentivos que faciliten la transición.
La iniciativa, que aún debe ser revisada y aprobada por el Congreso de la Unión y, en su caso, por las legislaturas estatales para su incorporación al marco constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, representa uno de los cambios más significativos en la regulación laboral mexicana en décadas.
Con la entrada en vigor progresiva de la reforma, trabajadores y empleadores enfrentan un escenario de ajustes que definirán las condiciones de trabajo en México en los próximos años.
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