Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, bajo sospecha por vínculos criminales

Documentos de inteligencia militar y reportes de la DEA han colocado al gobierno de Michoacán bajo un intenso escrutinio, tras señalar presuntos vínculos familiares y financieros del Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, con la organización criminal conocida como Los Viagras.
Las revelaciones, publicadas por el periodista Juan Veledíaz, director de El Sol de Sinaloa, el pasado día 30 de octubre, han reavivado el debate sobre la infiltración del crimen organizado en la política estatal.
De acuerdo con los informes, el nombre de Alfredo Ramírez Bedolla apareció en varias líneas de investigación de la DEA, derivadas del mapeo de redes criminales ligadas a Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, exalcalde de Aguililla y detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Comparán fue identificado como integrante de Los Viagras, grupo que domina gran parte de la región de Tierra Caliente.
Las pesquisas internacionales apuntan a que la esposa de Comparán, Anabel Bedolla Marín, tía del actual Gobernador, habría aportado recursos financieros para la campaña de Ramírez Bedolla a la gubernatura de Michoacán. Esta relación familiar ha sido destacada como un posible canal de influencia entre estructuras criminales y el ámbito político local.
Los documentos militares obtenidos tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional por el colectivo Guacamaya refuerzan las sospechas. En ellos, Anabel Bedolla Marín es mencionada como interlocutora directa de Los Viagras, encabezados por Nicolás Sierra Santana, alias Coruco, quien pasó de autodefensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto a líder del grupo durante la actual administración federal.
La información castrense detalla que Anabel Bedolla Marín mantenía comunicación constante con los líderes de facciones criminales vinculadas a su esposo, Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, y que habría actuado como enlace entre estos grupos y diversos políticos locales durante las elecciones de 2021.
Las revelaciones emergen en medio de un escenario de alta violencia en la región de Tierra Caliente, donde los municipios de Aguililla, Apatzingán y Tepalcatepec concentran la mayor presencia de grupos armados. Fuentes militares señalan que en esta zona la extorsión a los productores de limón se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones delictivas.
El asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, considerado promotor de una ley antiextorsión, provocó la reacción del Gobernador Ramírez Bedolla, quien se reunió con el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla Trejo para reforzar la estrategia en la región.
Sin embargo, el anuncio de nuevas medidas de seguridad fue interpretado por analistas como un reconocimiento tácito del fracaso de las operaciones previas, incluida la instalación de una base militar en el tianguis limonero y el aumento de efectivos de la Guardia Nacional.
Especialistas en seguridad consultados por El Sol de Sinaloa sostienen que las redes criminales en Michoacán cuentan con respaldo político y estructuras de protección en distintos niveles de gobierno, lo que dificulta los intentos de desmantelarlas. La sospecha sobre el propio Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla añade un nuevo nivel de tensión a la crisis institucional del estado.
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