Morosidad alimenticia en Baja California Sur: aumento del 7% en 2024

La Paz y Los Cabos son los municipios con mayor índice de denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, siendo este otro tipo de violencia que está afectando a las mujeres sudcalifornianas
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Morosidad alimenticia en Baja California Sur aumentó 7 en 2024

Con el paso del tiempo, el concepto de violencia contra las mujeres no se limita únicamente a agresiones físicas, sexuales o psicológicas, sino que también abarca acciones que afectan a la familia, como el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Este tipo de violencia ha mostrado un incremento del 7% en Baja California Sur.

Durante los tres primeros meses de este año, en el estado se han registrado un total de 212 carpetas de investigación por incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Comparado con el primer trimestre del año anterior, que arrojó 198 casos, se observa un aumento de 14 casos adicionales, según datos del SESNSP.

Cabe señalar que actualmente, la ciudad de La Paz lidera como el municipio con mayor incidencia de incumplimiento de pensiones alimenticias, representando el 42.9% del total estatal con 91 carpetas de investigación. Le sigue Los Cabos con 64 casos registrados entre enero y marzo de este año. Por último, los municipios al norte de la región presentan un menor número de casos, como Comondú y Mulegé con 23 y 22 casos respectivamente, y 12 casos en Loreto.

El negarse a pagar la pensión de alimentos no solo está establecido como un delito en agravio a la familia, sino que también se considera otra forma de ejercer violencia contra las mujeres. Esto se debe a que, en su mayoría, son ellas quienes asumen la responsabilidad del cuidado y la crianza de los hijos después de la separación familiar.

Actualmente, en México se han impulsado iniciativas como el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que tiene como objetivo impedir que las personas que no cumplen con su obligación de proporcionar alimentos y vestimenta a sus hijos puedan llevar a cabo trámites como obtener una licencia de manejo, salir del país, ocupar cargos de elección popular e incluso realizar transacciones como la compraventa de inmuebles. Esto se considera una medida para combatir este tipo de violencia y garantizar el bienestar de los menores afectados.

 

AT

Daniela Lara