Movimiento por la Paz exige un “diálogo nacional urgente” ante la ola de violencia en México
El llamado a un diálogo nacional frente a la creciente crisis de violencia en México tomó nuevo impulso este martes, cuando el movimiento Diálogo Nacional por la Paz (DNP), vinculado a la Iglesia católica, convocó a una jornada nacional de reflexión y movilización el próximo 23 de noviembre. La agrupación advirtió que la extorsión, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores “dominan grandes regiones del país”, por lo que urge articular acciones conjuntas entre ciudadanía, comunidades religiosas y autoridades de los tres niveles de gobierno.
La convocatoria nace de un diagnóstico que el DNP considera insostenible: las violencias estructurales, alimentadas por impunidad, corrupción y complicidad institucional, siguen deteriorando el tejido social. En un comunicado, la organización subrayó que la pacificación del país requiere reconocer la raíz del problema y no solo administrar sus consecuencias. Por ello llamó a realizar caminatas, conversatorios, celebraciones y encuentros comunitarios en plazas públicas de todo México para visibilizar la dimensión del fenómeno.
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De acuerdo con el movimiento, la agenda para la paz debe partir del compromiso gubernamental con políticas integrales de cuidados, diseñadas con perspectiva de género y derechos humanos. El DNP sostiene que esta visión permitiría reconstruir comunidades, generar entornos seguros y proteger la vida, especialmente de niñas, niños y adolescentes. La urgencia de este enfoque se refuerza con datos de la organización Reinserta, que calcula que hasta 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado.
La protección de las adolescencias, según el DNP, exige también una estrategia clara para reducir los riesgos vinculados con adicciones, economías ilícitas y estructuras criminales que avanzan sobre zonas rurales y urbanas. Por ello el movimiento considera prioritario que los gobiernos asuman su responsabilidad en la prevención y atención integral de estos grupos, al ser uno de los sectores más vulnerables de la actual crisis de violencia.
La movilización también pone el foco en la seguridad pública local. El DNP pidió fortalecer a las policías municipales, históricamente debilitadas y, en muchos casos, rebasadas por la capacidad operativa de las organizaciones criminales. Asimismo, planteó la necesidad de una reforma profunda del sistema penitenciario, bajo el argumento de que hoy no cumple con su función de reinserción y, en cambio, opera como extensión del crimen desde el interior de los centros de reclusión.
Otra de las demandas centrales es atender la urgencia humanitaria que representan los más de 133 mil desaparecidos del país, así como la violencia contra mujeres, migrantes e indígenas. Para el movimiento, esta crisis de derechos humanos no puede seguir tratándose como un tema colateral, sino como el eje que debe guiar cualquier política seria de pacificación. En su posicionamiento, insistió en que sin verdad, justicia y reparación no habrá avances sostenibles.
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El DNP también recordó a los gobiernos los compromisos adquiridos durante las campañas electorales, señalando que la paz no puede reducirse a promesas de temporada. En ese sentido, retomó la Estrategia Nacional de Seguridad que la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido defendiendo, basada en atender las causas de la violencia, consolidar la Guardia Nacional, fortalecer labores de inteligencia y mejorar la coordinación interinstitucional. Para el movimiento, estos compromisos deben traducirse en acciones medibles y verificables.
La jornada del 23 de noviembre, afirmó el colectivo, será una oportunidad para que ciudadanía y autoridades midan el pulso de una agenda que dejó de ser opcional. El DNP llamó a que la caminata nacional sea un recordatorio de que la paz requiere corresponsabilidad, voluntad política y reconocimiento pleno de la crisis.
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