Violencia institucional y negligencia judicial: una madre sin respuestas

Desde el mes de julio del año pasado, una joven madre ha vivido la angustia de estar separada de su menor hijo, quien fue retenido por su padre biológico. En tan solo 10 meses, solo ha tenido unas pocas oportunidades de reunirse con él. Durante este tiempo, ha experimentado revictimización por parte de las instituciones a las que buscó ayuda.

En la ciudad de La Paz, una joven madre ha compartido con este medio periodístico la triste situación que ha vivido al ser privada de convivir con su hijo menor. A pesar de haber acordado que el menor pasaría unas vacaciones con su padre, Ricardo “N”, quien es músico de profesión, él se negó a entregarlo en julio de 2022, a pesar de no tener la custodia o tutela legal del niño.

Como resultado de lo anterior, la víctima decidió presentar una denuncia por el delito de sustracción o retención de persona menor de edad, o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, el pasado 17 de agosto. Esta denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación con el número único de caso LPZ/5512/2022. Sin embargo, hasta el momento, el presunto responsable no ha comparecido ante las autoridades. La madre afectada también ha mencionado que cuenta con pruebas fotográficas, videos y conversaciones que evidencian cómo el individuo privó al menor de la oportunidad de convivir con ella.

Es relevante destacar que Ricardo “N” también presentó una demanda civil el 13 de agosto, en la que solicitó obtener la custodia total del menor y una pensión alimenticia equivalente al 35%, entre otros aspectos. La defensora de la víctima y la propia madre no estuvieron de acuerdo con los acuerdos alcanzados en el ámbito familiar. Después de haber criado al niño durante más de siete años, ahora solo tiene un régimen de convivencia con él.

Durante este período, la parte afectada buscó ayuda en diversas instituciones, incluyendo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel estatal y municipal, el Centro de Justicia para Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres, la Procuraduría de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Lamentablemente, ninguna de estas dependencias ha cumplido efectivamente con su deber de prevenir la violencia contra las mujeres.

Además, afirmó que recibió revictimización y violación de sus derechos humanos, ya que la dependencia procuradora de justicia extravió la carpeta de investigación, y sólo ella ha sido sometida a diversas pruebas, incluidas psicológicas, mientras que el padre aún continúa sin comparecer por la denuncia en su contra, al no contar con un “abogado”.

La madre se encuentra en una situación desesperada, ya que su única forma de comunicarse con su hijo menor es a través de videollamadas. Es importante destacar que el padre ha bloqueado su contacto por teléfono en varias ocasiones, privándola de la oportunidad de hablar con su hijo durante semanas. Ante esta injusticia, la madre hace un enérgico llamado a las autoridades de Baja California Sur para que pongan fin a este atentado contra los derechos de su hijo.