PAN exige auditoría por contratos a empresas ligadas al narcotráfico en BCS

El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur exigió una auditoría inmediata y la suspensión precautoria de relaciones contractuales con las empresas señaladas por presuntos vínculos con el tráfico de fentanilo, las cuales —según una investigación del diario El Universal— obtuvieron contratos públicos en el estado entre 2018 y 2025 por 35.7 millones de pesos, varios de ellos mediante adjudicación directa.

Durante una rueda de prensa, el dirigente estatal Rigoberto Mares Aguilar explicó que las compañías fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con redes de narcotráfico. Aun así, recibieron contratos de dependencias locales como la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz.

“Estamos ante un caso sumamente delicado. No se trata de una acusación política, sino de hechos documentados por autoridades internacionales. Es inadmisible que se mantengan contratos con empresas señaladas por vínculos con el crimen organizado”, expresó Mares Aguilar.

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El dirigente estatal también cuestionó la falta de respuesta del gobernador Víctor Castro Cosío y de la alcaldesa Milena Quiroga Romero, a quienes acusó de minimizar el tema y evadir a la prensa en lugar de dar explicaciones claras.

“No pedimos juicios mediáticos, pedimos transparencia. Si no hay nada que ocultar, que se publique el padrón completo de proveedores y se aclare quién autorizó esos contratos”, añadió el líder panista.

El PAN propuso la coordinación inmediata entre la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción y las instancias locales para revisar la legalidad de los procedimientos de contratación y determinar si hubo omisiones o negligencia administrativa.

Rigoberto Mares advirtió que el partido mantendrá vigilancia permanente sobre este caso y pedirá a sus representantes en el Congreso local y ayuntamientos promover puntos de acuerdo para que se investigue a fondo y se informe a la ciudadanía sobre los avances.

“Lo que está en juego no es un tema partidista, es la confianza pública. No podemos permitir que los recursos de los sudcalifornianos terminen en manos de empresas con antecedentes de narcotráfico”, concluyó.

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