Pepín López Obrador minimiza crisis de desaparecidos y reaviva polémica por su patrimonio en Tabasco
El debate sobre la gravedad de las desapariciones en Tabasco tomó un giro inesperado luego de que el secretario de Gobierno, José Ramiro “Pepín” López Obrador, restara seriedad a las cifras oficiales al asegurar que muchos reportes corresponden a personas que simplemente “andan de parranda”. El comentario, pronunciado durante su comparecencia en la glosa del Primer Informe del gobernador Javier May Rodríguez, desató críticas inmediatas por el tono ligero aplicado a un problema que en México acumula más de 110 mil personas desaparecidas. La minimización del fenómeno no solo contrastó con la dimensión nacional de la crisis, sino que reactivó el escrutinio político sobre la administración estatal.
En su intervención, el funcionario insistió en que la variación en las cifras se debe a denuncias infladas por familiares que no notifican el retorno voluntario de los ausentes. Según López Obrador, parte importante de los casos en Tabasco corresponde a personas que se van por decisión propia y regresan sin avisar a la Fiscalía, lo que —dijo— distorsiona las estadísticas. La frase “no andaban perdidos, andaban de parranda”, retomada de una canción popular, fue interpretada como un desdén hacia las familias que llevan años buscando a sus seres queridos y hacia colectivos que exigen rigor institucional.
La polémica cobró mayor fuerza porque el señalamiento ocurrió mientras López Obrador reportaba que en Tabasco existen 4 mil 807 personas con reporte de desaparición, una cifra acumulada que abarca varios sexenios. El secretario afirmó que 2 mil 771 de esas personas han sido localizadas, aunque no detalló cuántas de ellas corresponden a hallazgos relacionados con delitos y cuántas a regresos voluntarios. Ese vacío de precisión alimentó dudas sobre la calidad de la información oficial y la capacidad del gobierno estatal para afrontar la crisis con transparencia.
A la tensión por sus declaraciones se sumó un contexto previo de sospechas públicas. En semanas recientes, el funcionario ya enfrentaba cuestionamientos por el aumento de su patrimonio, compuesto por ocho ranchos adquiridos durante el gobierno federal encabezado por su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La adquisición también incluye 694 cabezas de ganado valuadas en más de 10 millones de pesos, un dato que generó preguntas debido a que no reportó ganancias por actividad pecuaria pese a la magnitud de sus bienes.
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Presionado por reporteros y legisladores, López Obrador rechazó cualquier irregularidad en el origen de su patrimonio. Sus declaraciones patrimoniales —aseguró— son públicas y transparentes, y atribuyó los señalamientos a una “campaña mediática” de grupos que, según él, “no perdonan” los programas sociales impulsados por el expresidente. Sin embargo, sus respuestas no frenaron la discusión pública, pues para críticos y opositores persisten interrogantes sobre la congruencia entre los ingresos de un servidor público y la expansión acelerada de sus propiedades.
La defensa del funcionario también chocó con la percepción ciudadana sobre la responsabilidad del Estado en la atención a víctimas. Analistas y organizaciones civiles advirtieron que trivializar la desaparición de personas alimenta la desconfianza en instituciones ya debilitadas por la impunidad. En un país donde miles de familias buscan a sus desaparecidos con picos, palas y recursos propios, expresiones como las del secretario se interpretan como una señal de desconexión entre las autoridades y la realidad cotidiana de las víctimas.
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El contraste entre la actitud del funcionario y la magnitud de la tragedia nacional profundizó el malestar. México vive una de las crisis de desaparición más severas del planeta, con cifras que no dejan de aumentar y con procesos de búsqueda que dependen, en gran parte, del esfuerzo de colectivos ciudadanos. Bajo ese panorama, el llamado a la prudencia comunicativa es constante, pues cada palabra emitida por servidores públicos tiene repercusiones directas en la confianza institucional.
En Tabasco, la discusión no solo gira en torno a las cifras, sino a la responsabilidad política. El episodio reavivó el debate sobre la ética pública, el deber de sensibilidad hacia las víctimas y la necesidad de que los gobiernos estatales fortalezcan sus mecanismos de búsqueda y registro para evitar imprecisiones que lastiman más a quienes ya enfrentan una tragedia.
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