Procurador de BCS niega legalidad de antenas retiradas: “Eran utilizadas por el crimen organizado”

El Procurador General de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, declaró este martes que las antenas de telecomunicación retiradas en diversos municipios de Baja California Sur no contaban con documentación legal que justificara su instalación y uso. Según indicó, varias de estas antenas eran utilizadas por células del crimen organizado para mantener comunicación y vigilar movimientos de autoridades.

Durante su intervención, López Rodríguez reconoció que tras diversas denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales, no existe constancia oficial ni permisos válidos sobre los equipos desmantelados. Algunas personas afectadas aseguraron contar con permisos, pero hasta el momento no han sido presentados formalmente.

“No hay oficios que respalden las antenas retiradas, aunque algunas personas afirman tener permisos. Ese tipo de equipo nos ‘alconeaba’, afectando directamente nuestras investigaciones”, señaló el procurador.

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Asimismo, detalló que las operaciones para deshabilitar este tipo de infraestructura han sido parte de una estrategia conjunta entre la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría, con el objetivo de debilitar la estructura operativa del crimen organizado en el estado.

“Hemos deshabilitado cámaras parásitas, antenas y equipos de comunicación que ellos mismos colocaban para espiarnos. Esta estrategia se ha implementado desde Los Cabos hasta Guerrero Negro”, explicó.

Entre los resultados de esta ofensiva, López Rodríguez mencionó la inutilización de pistas aéreas clandestinas, así como el retiro de antenas localizadas en zonas como Los Cabos y la Sierra de San Francisco. Estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia para debilitar las capacidades logísticas del narcotráfico y otras organizaciones delictivas.

El procurador también fue enfático al asegurar que los dispositivos retirados eran herramientas de contrainteligencia usadas para el “coneo”, es decir, vigilancia constante sobre el personal operativo de las fuerzas del orden.

Hasta el momento, ninguna persona ha logrado acreditar la legalidad de estos equipos, pese a las manifestaciones en redes sociales que aseguran lo contrario. Las autoridades reiteraron que solo se permite la instalación de equipos de radiocomunicación con permisos federales específicos y previa autorización técnica.

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