Quintana Roo apuesta por un salto histórico en la recaudación de Visitax para 2026

El Gobierno de Quintana Roo se prepara para un año fiscal decisivo al fijar una meta inédita: recaudar más de 4,300 millones de pesos únicamente por Visitax en 2026, una cifra que multiplica por tres lo obtenido este año. La administración estatal no modificará la tarifa que pagan los turistas extranjeros, pero sí endurecerá los mecanismos de cobro para convertir este derecho en el pilar de los ingresos propios del estado.

El paquete presupuestal enviado ya al Congreso confirma la apuesta. De acuerdo con la propuesta, los ingresos por concepto de derechos ascenderán a poco más de 7,073 millones de pesos, lo que representa casi el 40% de los ingresos propios y más del 12% del total estatal. Dentro de ese universo, Visitax destaca como la verdadera columna vertebral, pues concentrará más del 60% de lo proyectado para 2026.

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El peso de esta contribución se explica por su diseño: se trata del Derecho de Uso, Goce y Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público, un mecanismo creado para que el turista extranjero aporte a la infraestructura turística de la entidad. Para el próximo año, la meta específica es de 4,307 millones de pesos, un salto que busca corregir años de cobro irregular, omisiones y baja efectividad al momento de captar el pago.

Las autoridades ya anticiparon la estrategia. El secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, reiteró que la tarifa no aumentará, pero el estado aplicará todas las medidas necesarias para asegurar que cada visitante extranjero cubra el derecho. En la práctica, esto implica mantener a los hoteleros como recaudadores, pues son quienes tienen el primer contacto con los viajeros y pueden integrar el cobro dentro de los paquetes turísticos.

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El Observatorio Ciudadano de Quintana Roo dimensiona la magnitud del reto: en 2025 se recaudaron apenas 1,392 millones de pesos por Visitax. Para alcanzar la meta de 2026, el estado deberá elevar su efectividad en un 209%, prácticamente triplicar la captación real. Esa presión fiscal implica mayor vigilancia, mejores sistemas de registro y un control más estricto de quienes operan en el sector turístico.

El destino de los recursos también está definido. Los ingresos generados por Visitax nutrirán tres fondos estratégicos: promoción turística y control de crisis; control de sargazo y recuperación de playas; y desarrollo de proyectos de alto impacto para el sector. El gobierno defiende que esta fórmula permitirá asegurar la competitividad del Caribe mexicano frente a la creciente competencia internacional.

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Sin embargo, la apuesta no está exenta de riesgo jurídico. El Observatorio recordó que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional un cobro similar en Puerto Vallarta por considerarlo vago y mal fundamentado, ya que no precisaba qué bienes o servicios públicos justificaban el pago. Aunque el caso de Quintana Roo tiene un diseño distinto, el precedente coloca una sombra de incertidumbre sobre la fortaleza legal del Visitax.

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