Reforma sobre prisión preventiva oficiosa: ¿Cómo impacta a BCS?

La reforma aprobada por la Cámara de Diputados, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, han generado un fuerte debate. Mientras los legisladores de la coalición MORENA, el Partido del Trabajo y el Partido Verde defienden el dictamen, los opositores lo consideran un retroceso en el sistema de justicia y una violación a los derechos humanos.

El 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 constitucional, con 355 votos a favor y 108 en contra, que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta reforma fue enviada al Senado para su revisión. Actualmente, los delitos incluidos son abuso sexual infantil, violación, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso indebido de programas sociales con fines electorales y corrupción.

Con la reforma, se incorporan nuevos delitos al catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como extorsión, contrabando grave, operaciones ilícitas relacionadas con fentanilo y otras drogas sintéticas, y delitos fiscales relacionados con comprobantes falsos.

A su vez, se eliminan del catálogo el narcomenudeo y la defraudación fiscal, por lo que ya no son considerados delitos graves que justifiquen la prisión preventiva. Esto significa que ahora los jueces pueden dictar prisión preventiva inmediata para los acusados de los delitos incorporados, mientras esperan su juicio.

Aunque Baja California Sur presenta una menor incidencia delictiva en comparación con otras entidades federativas, esta reforma podría ser efectiva frente a delitos como la extorsión, dado que se han detectado nuevos modus operandi por parte de los delincuentes. Además, en relación con los delitos contra la salud, la reforma podría ser una herramienta para inhibir esta conducta, que ha mostrado un aumento, especialmente en las zonas turísticas.

Los partidos MORENA, PT y PVEM apoyan la reforma, argumentando que evitará la evasión de justicia y garantizará que los delincuentes graves no queden en libertad. En cambio, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI se oponen, alegando que vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, y podría fomentar abusos de autoridad, especialmente en delitos fiscales. El PRI considera que es un retroceso en el sistema de justicia penal.

YJ