Sami Hamdi vuelve a Londres tras 18 días detenido por ICE y acusa persecución por sus críticas a la guerra en Gaza
El regreso de Sami Hamdi a Londres cerró este jueves un episodio que ha encendido alarmas en organizaciones de derechos humanos y círculos periodísticos internacionales: la detención del comentarista británico por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante más de dos semanas. El ángulo de la noticia apunta a la preocupación global por el uso de mecanismos migratorios contra voces críticas, especialmente en el contexto de la guerra en Gaza y la presión política en torno al discurso propalestino.
Hamdi, analista reconocido por sus intervenciones sobre Medio Oriente en televisión británica, fue detenido el 26 de octubre en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Las autoridades estadounidenses alegaron que había excedido el periodo autorizado por su visa. Sin embargo, su equipo legal sostuvo desde el primer momento que su documentación estaba en regla y que la detención ocurrió un día después de su participación en un evento del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) en California, donde criticó abiertamente la intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamas.
El periodista explicó que abandonó Estados Unidos “voluntariamente”, aunque aseguró que esa decisión fue consecuencia directa de un proceso que, a su juicio, nunca debió empezar. En una declaración pública, agradeció el respaldo de su familia, su defensa legal y la movilización internacional que exigió su liberación. “Mi único ‘delito’ fue decir la verdad sin rodeos sobre el genocidio en Gaza”, afirmó, enfatizando que nunca violó ninguna ley ni representó riesgo alguno para la seguridad nacional estadounidense.
Según su testimonio, las condiciones de la detención fueron particularmente duras. Aseguró haber permanecido hacinado con decenas de personas en un espacio reducido, haber esperado horas para recibir atención médica y haber estado esposado durante su estancia, pese a no enfrentar cargos criminales. Su familia, en un comunicado paralelo, describió la experiencia como una situación “inhumana” que ninguna persona —y menos un periodista— debería enfrentar por ejercer la libertad de expresión.
Desde Estados Unidos, la retórica oficial escaló el caso. La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró que ICE estaba “con mucho gusto organizando la expulsión” de Hamdi, al que catalogó como “inmigrante ilegal y simpatizante terrorista”. La declaración, alineada con el discurso de la administración Trump, subrayó que quienes “apoyen el terrorismo” no podrán ingresar ni trabajar en el país. No obstante, Hamdi negó categóricamente tales acusaciones y recordó que, tras el ataque del 7 de octubre de 2023, condenó públicamente la violencia en un acto en Canadá.
La detención del periodista se suma a otros casos recientes de extranjeros propalestinos que han enfrentado revocaciones de visa bajo el actual gobierno estadounidense. A inicios de año, el estudiante de Cornell Momodou Taal denunció haber sido expulsado del país por participar en protestas relacionadas con la guerra en Gaza. Para analistas y organizaciones, este patrón refuerza la percepción de que existe un endurecimiento contra voces críticas provenientes del exterior.
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Organizaciones como CAIR reaccionaron con dureza ante el caso. Su director en California, Hussam Ayloush, afirmó que el arresto de Hamdi “debería alarmar a cualquiera que se preocupe por el estado de derecho”, señalando que las acusaciones del DHS carecen de sustento y que la detención exhibe un abuso de poder orientado a intimidar al público y silenciar posiciones incómodas sobre la política estadounidense en Medio Oriente.
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