SCJN invalida la ley indígena en Baja California Sur

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como SCJN, invalidó el Decreto 2620 que daba vida a la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur. La máxima autoridad judicial del país determinó que la normativa afectaba directamente los intereses de estos grupos, por lo que existía la obligación constitucional de realizar una consulta previa, libre e informada, proceso que fue omitido por el legislativo local. De esta manera, la SCJN reafirma la protección de los derechos de las minorías étnicas en la entidad.

La resolución surge tras una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la legislación publicada originalmente el 17 de agosto de 2022. El tribunal estableció que la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a los 12 meses siguientes a la notificación de la sentencia al Congreso de Baja California Sur. Durante este periodo, el órgano legislativo está vinculado para llevar a cabo la consulta correspondiente bajo los estándares internacionales.

En su fallo, la institución judicial explicó que, de conformidad con la Constitución Federal y el Convenio 169 de la OIT, la falta de participación de las comunidades vicia de origen la legalidad de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur. Por ello, se instruyó a los legisladores a subsanar esta deficiencia democrática mediante un ejercicio de escucha auténtica y vinculante con los pueblos afromexicanos e indígenas.

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Es relevante mencionar que el Decreto 2620 ya había sido sustituido previamente por el Congreso de Baja California Sur, bajo el Decreto 3162, renombrándose como Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur, precisamente por los señalamientos de invalidez realizados por la SCJN. Esta nueva legislación, vigente desde octubre de 2025, pretende reconocer a estas comunidades como sujetos de derecho público, garantizando su libre determinación, autonomía y sistemas normativos propios en concordancia con los tratados internacionales.

Sin embargo, el panorama legal en la entidad sigue siendo complejo. A pesar de la emisión del Decreto 3162, partes específicas de esta nueva ley, como el artículo 99, ya enfrentan nuevas impugnaciones. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha señalado posibles rasgos discriminatorios en los requisitos para acceder a cargos públicos, lo que mantiene la atención de la justicia federal sobre el estado.

La transición del Decreto 2620 hacia un marco legal más inclusivo representa un reto para el Congreso local, que debe equilibrar la técnica legislativa con el respeto a la soberanía de los pueblos. La vigilancia de la SCJN asegura que cualquier normativa que impacte a las comunidades indígenas y afromexicanas no sea impuesta de forma unilateral, sino construida mediante el diálogo y el consenso legal.

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