Sector minero advierte que reforma a Ley de Aguas amenaza su continuidad operativa

El sector minero en México lanzó una advertencia: la propuesta de reforma a la Ley de Aguas podría poner en peligro la continuidad operativa de las empresas del rubro. Según organizaciones que agrupan a compañías mineras, los cambios normativos implican restricciones severas al uso del agua, un recurso esencial para la extracción, procesamiento y operación diaria de la minería.

Esta alerta resuena en un contexto de creciente debate sobre recursos hídricos y sostenibilidad en el país.

La preocupación del Consejo de Cámaras Mineras de México (o asociaciones similares del sector minero) se centra en que la reforma podría imponer nuevos límites de volumen de agua, modificaciones en los permisos de extracción, y requisitos estrictos de conservación, lo que haría inviable muchas operaciones actuales. Bajo esas condiciones, dicen, minas de mediana o pequeña escala enfrentarían cierres, y las grandes, considerarían replantear sus inversiones futuras.

Para la industria, la minería depende no solo de maquinaria o permisos ambientales, sino de un suministro constante y confiable de agua. La propuesta de modificación a la Ley de Aguas pone en riesgo ese suministro.

Por ello, el sector minero advierte que las consecuencias no serían solo económicas, prevén pérdida de empleos, inversión y recaudación fiscal, pero además un impacto en regiones donde la minería representa el pilar económico.

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Directivos de empresas mineras han señalado que la incertidumbre jurídica y operativa derivada de la reforma podría disuadir nuevas inversiones nacionales e internacionales. En tiempos donde el sector minero busca modernizarse, adoptar tecnologías más limpias y consolidar su papel en la cadena productiva, una normativa restrictiva sobre agua podría significar un retroceso importante.

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El sector minero advierte que reforma a Ley de Aguas amenaza su continuidad operativa, manifestando que lo que se busca, preservar el recurso hídrico, no puede traducirse en la paralización de actividades clave para muchas comunidades. El llamado de la industria es a revisar la normativa: solicitan un equilibrio entre protección ambiental y viabilidad económica, con reglas claras que permitan operar sin poner en riesgo el abastecimiento de agua ni el desarrollo regional.

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