Senado compra café a empresa vinculada a Adán Augusto López, coordinador de Morena, desata polémica

El Senado de la República adjudicó recientemente la compra de café y diversos insumos de cafetería a Café del Sureste, una empresa originaria de Tabasco con historial de apoyo social durante la gestión de Adán Augusto López Hernández como gobernador de esa entidad y cuya relación con el legislador ha reavivado el debate sobre la transparencia en las compras públicas.

En la licitación SENIDGRMSGIINV01312025, el Senado invitó a al menos tres participantes para proveer café, galletas, tés, leche, agua mineral y otros insumos de cafetería para el ejercicio fiscal 2025. Aunque todas las ofertas técnicas cumplieron los requisitos establecidos, la Cámara Alta resolvió adjudicar partidas tanto a Café del Sureste, S.A. de C.V., como a otro proveedor independiente.

Café del Sureste, junto con su submarca Café La Cabaña, se dio a conocer en 2019 por una campaña en la que donó un peso por cada bebida vendida al DIF de Tabasco cuando López Hernández era gobernador, con la difusión de dicha campaña incluso por el gobierno estatal y el involucramiento de su entonces esposa, Dea Isabel Estrada.

Los críticos señalan que la adjudicación podría reflejar un favorecimiento debido a la cercanía histórica entre la empresa y el coordinador parlamentario de Morena, algo que en el contexto actual de escrutinio político se observa con atención, en especial ante cuestionamientos previos sobre transparencia y uso de recursos públicos por parte de allegados del senador.

En los últimos meses, Adán Augusto López ha estado en el centro de diversas controversias políticas y mediáticas, incluyendo acusaciones de presuntos actos de favoritismo y de actividad política cuestionable desde su cargo en el Senado. Estas controversias han sido utilizadas por la oposición para cuestionar su liderazgo y su manejo de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara Alta.

Organismos civiles y partidos opositores han solicitado mayor transparencia en los procesos de contratación pública y un escrutinio más riguroso de los vínculos entre funcionarios públicos y proveedores adjudicados con recursos fiscales. Aun así, hasta el momento no se han presentado denuncias formales ante instancias de fiscalización específicas por este caso en particular.

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