Menos del 40% de los servidores públicos de BCS han presentado su declaración patrimonial
A dos semanas de la fecha límite para presentar la declaración patrimonial y de conflicto de intereses, menos del 40% de los servidores públicos de Baja California Sur lo han hecho. La titular de la Contraloría del estado, Rosa Cristina Buendía Soto, informó que hasta el momento han cumplido con el trámite 10,000 de los poco más de 26,000 servidores públicos del estado.
La funcionaria recordó que esta es una obligación con la que deben cumplir todos los servidores públicos de los niveles municipal, estatal y federal. Asimismo, indicó que desde el 1 de enero estuvieron haciendo el llamado para que cumplieran con este trámite.
“Como ya se tiene la información, recuerden que es del año inmediato anterior, que es 2022 hasta diciembre 31 de 2022, ellos ya tienen ahí su información. Entonces en enero fácilmente ya la pueden ir haciendo. Algunos la preparan”, mencionó.
El servidor público que no presente su declaración patrimonial será investigado por presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas. Incluso podría ser separado de su cargo. La contralora manifestó que en 2022 un trabajador fue suspendido de manera temporal sin goce de sueldo por dicho motivo.
“Tenemos ahí un sistema para detectar a las personas. Sí tienen la oportunidad todavía de que, si no la rinden en mayo, rendirla después de manera extemporánea. Es una omisión. La primera vez que haya una omisión ahí no habría sanción. Ya cuando haya una reincidencia, ahí sí, y puede llegar desde una sanción económica hasta una destitución”, explicó.
La declaración patrimonial es un instrumento de rendición de cuentas que permite detectar el enriquecimiento ilícito. De acuerdo al artículo 37 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, “en los casos en que la declaración de situación patrimonial del declarante refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público, la Contraloría General, la Contraloría Municipal, los Órganos internos de control o las Unidades de Responsabilidades Administrativas, inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento”.
