Califican como “un grave error” la suspensión del dragado del puerto de altura de Progreso
La suspensión del dragado y modernización del puerto de altura de Progreso fue calificada como “un error garrafal” por empresarios del sector marítimo y logístico, quienes advierten que la medida afectará el desarrollo económico del sureste mexicano y retrasará la competitividad del principal puerto de Yucatán. La decisión judicial, emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, detuvo de forma provisional una de las obras más estratégicas para la región en materia de comercio internacional.
Luis Martín Alonzo Morales, director de Flete Directo y con más de dos décadas de experiencia en transporte de carga marítima, aseguró que la modernización del puerto es una necesidad impostergable. Recordó que la terminal remota de Progreso fue construida hace 40 años y que el canal de navegación no ha recibido una ampliación significativa desde hace 25, por lo que suspender el dragado representa “frenar medio siglo de progreso portuario”.
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El proyecto contempla la profundización del canal y la ampliación de su ancho para permitir el ingreso de buques de mayor calado y capacidad, incluyendo embarcaciones graneleras, cruceros y tanqueros. Según Alonzo Morales, estas adecuaciones no suponen una obra nueva, sino la actualización de infraestructura existente con un Manifiesto de Impacto Ambiental vigente desde su primera ejecución. “No se trata de destruir, sino de modernizar un puerto vital para el comercio exterior mexicano”, precisó.
De acuerdo con el plan de desarrollo portuario, el material obtenido del dragado serviría para rellenar dos plataformas de 40 hectáreas cada una, destinadas a nuevas terminales especializadas y zonas logísticas. Además, se proyecta un viaducto elevado para el tránsito de camiones de carga, cuya gratuidad —según los empresarios— sería clave para mantener bajos los costos de operación y evitar la saturación de vialidades locales.
El empresario insistió en que detener la obra no solo implica pérdidas económicas inmediatas, sino también la pérdida de oportunidades laborales y de inversión para los habitantes de Progreso y Mérida. “Esto no es un capricho empresarial, es una visión de largo plazo que puede convertir al puerto de Progreso en un punto estratégico del Golfo de México para el comercio global”, destacó.
La suspensión surge tras una demanda de amparo presentada por el ciudadano Juan Medina Rejón, quien argumentó posibles afectaciones ambientales y anexó fotografías de erosión en el malecón y en zonas veraniegas de Chelem y Chicxulub. Sin embargo, expertos señalan que esos daños datan de hace años y responden a fenómenos naturales como los huracanes “Gilberto” (1988), “Isidoro” (2002) y “Milton” (2024), no a los actuales trabajos de dragado.
El caso ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre desarrollo e impacto ambiental en Yucatán. Mientras organizaciones ambientales piden mayor supervisión técnica, el sector empresarial y logístico sostiene que el proyecto cumple con los requisitos de mitigación ecológica y que su continuidad garantizaría mayor competitividad, conectividad marítima y generación de empleos directos e indirectos para la región.
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