Confirman auto de formal prisión a exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, continuará su proceso penal en prisión luego de que un Tribunal Federal confirmara el Auto de formal prisión dictado en su contra por presuntos vínculos con un grupo del crimen organizado.
La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó la acusación en cinco testigos protegidos, entre ellos un informante de la DEA, quien aseguró que una organización criminal financió la campaña política del exmandatario en 1998 y le brindó apoyo económico durante su gestión al frente del gobierno estatal.
El fallo ratificó lo determinado en abril por el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, que había dictado el Auto de formal prisión por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, bajo la modalidad de colaboración para el fomento de actividades ilícitas.
La defensa del exgobernador impugnó la resolución, pero el Tribunal de Alzada concluyó que no existen elementos que eximan su responsabilidad ni pruebas que invaliden los testimonios presentados por la FGR. El documento judicial precisa que no hubo circunstancias que justificaran su conducta, reiterando que los actos atribuidos a Tomás Yarrington “no estaban amparados por causa de licitud alguna”.
Uno de los testigos narró que un grupo del crimen organizado con presencia en Tamaulipas habría entregado un millón de dólares en efectivo para financiar la campaña electoral del exmandatario. El dinero, según el informante, fue entregado durante un evento político en Reynosa en 1998, con posteriores aportaciones en los meses siguientes.
La defensa del exgobernador cuestionó el valor probatorio de dichos testimonios, argumentando que carecen de precisión sobre montos, lugares y fechas de las supuestas entregas de dinero. Pese a ello, la FGR sostuvo que la evidencia testimonial es suficiente para mantener la acusación vigente.
Tomás Yarrington fue deportado de Estados Unidos a México el 9 de abril de 2025, tras cumplir un acuerdo judicial con autoridades norteamericanas. Fue entregado a agentes de Interpol México en el cruce fronterizo Tijuana–San Isidro, desde donde fue trasladado en un avión de la FGR al Penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Además del proceso por delitos contra la salud, el exgobernador enfrenta otra causa penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, también relacionada con sus presuntos nexos con el crimen organizado. Ambos casos se encuentran en etapa de instrucción dentro del sistema judicial federal.
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