Tren Maya: una obra impuesta que no conecta y deja una factura social-ambiental en el sureste

La construcción y operación del Tren Maya se ha consolidado como uno de los proyectos más controvertidos del México reciente, no por su escala, sino por la forma en que fue impuesto en territorios donde nunca fue una demanda social prioritaria. En Quintana Roo, Yucatán y Campeche, amplios sectores de la población local coinciden en que el proyecto no respondió a una necesidad real de movilidad ni a una exigencia ciudadana, sino a una decisión política centralizada que avanzó sin consenso ni apropiación comunitaria.

La falta de uso cotidiano por parte de los habitantes del sureste confirma esa desconexión. El Tren Maya no se ha convertido en un medio de transporte funcional para trabajadores, estudiantes o comerciantes locales, debido a su alto costo, baja frecuencia, lentitud operativa y a la ubicación de estaciones alejadas de los centros urbanos. Para miles de personas, llegar a una estación implica gastos adicionales en taxis o transporte foráneo que hacen inviable su uso regular.

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El desinterés turístico es otro indicador del fracaso práctico del proyecto. A pesar de operar en una de las regiones más visitadas del país, muchos turistas simplemente no saben que el Tren Maya existe, no lo identifican como una opción útil o lo perciben como poco eficiente frente a autobuses o transporte privado. La ausencia de integración con zonas hoteleras y polos turísticos ha reducido su visibilidad y utilidad real.

La desconfianza en materia de seguridad también ha sido un factor determinante. La operación del Tren Maya por parte de las Fuerzas Armadas, lejos de generar tranquilidad, ha provocado incomodidad y temor entre algunos usuarios potenciales, particularmente turistas extranjeros y población local que no se siente atraída por un sistema de transporte militarizado, vigilado de manera permanente y asociado a retenes y controles.

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El costo económico del sistema profundiza el rechazo social. Viajar en el Tren Maya resulta caro no solo por el precio del boleto, sino por los gastos asociados para acceder y salir de las estaciones, lo que encarece trayectos que son más rápidos y baratos por carretera. A esto se suma la lentitud del recorrido, que vuelve nada competitivo al tren frente a opciones ya existentes en la región.

El impacto ambiental ha sido uno de los puntos más críticos del proyecto. La construcción del Tren Maya implicó deforestación significativa en zonas de selva, afectaciones a ecosistemas frágiles y daños en áreas donde el suelo kárstico es altamente vulnerable. Organizaciones, científicos y comunidades han advertido sobre la contaminación de ríos subterráneos y cenotes, producto de obras realizadas sin estudios ambientales confiables y con modificaciones constantes al trazo original.

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Las consecuencias también alcanzaron a la infraestructura carretera del sureste. El tránsito pesado de maquinaria y materiales deterioró aún más caminos y carreteras que ya se encontraban en mal estado, sin que existiera una estrategia clara de reparación integral. En varias comunidades, el resultado fue mayor aislamiento, no mejor conectividad, durante y después de la construcción.

A este panorama se suman señalamientos persistentes de corrupción y sobrecostos. El Tren Maya rebasó con creces los presupuestos anunciados originalmente, en un contexto marcado por adjudicaciones directas, opacidad en contratos y cambios constantes en el diseño del proyecto. Para muchos habitantes del sureste, la obra no solo no trajo desarrollo, sino que dejó una sensación de despojo, daño ambiental y decisiones impuestas desde el centro de México.

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