Tren Maya: Poder Judicial rechaza amparo para frenar destrucción de selva en Cancún

El nuevo Poder Judicial en el sureste del país ha decidido no admitir el amparo promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) contra la deforestación provocada por la construcción de la Terminal Multimodal del Tren Maya en Cancún. A pesar de que las obras avanzan sin contar con el permiso de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, los jueces federales en Quintana Roo y Yucatán desecharon la demanda, lo que ha generado fuertes críticas de ambientalistas que acusan una “blindaje judicial” en favor de la Sedena, encargada del megaproyecto.

El juez Quinto de Distrito en Quintana Roo, Alonso Robles Cuétara, fue el primero en rechazar la solicitud del Cemda, bajo el argumento de que, según un acuerdo de 2021, todos los juicios relacionados con el Tren Maya deben concentrarse en el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Sin embargo, la jueza Tania Gabriela González Rosas, responsable de dicho juzgado, también se negó a admitir la demanda, sosteniendo que la Terminal Multimodal ya no forma parte del proyecto original del Tren Maya, el cual opera actualmente en su modalidad de pasajeros.

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El Cemda, a través de su abogado Miguel Solís, advirtió que esta terminal forma parte integral del proyecto original impulsado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que su desarrollo implica el desmonte de una amplia superficie selvática junto al aeropuerto de Cancún. Según el propio expediente ambiental, la obra se construye en un terreno de 261 hectáreas donde habitan al menos 12 especies en riesgo, y cuyo impacto ambiental aún no ha sido completamente evaluado por la Semarnat.

La jueza González Rosas, designada recientemente tras una elección judicial impugnada por el INE y validada por el Tribunal Electoral, sustituyó al juez Adrián Novelo Pérez, quien anteriormente otorgó suspensiones contra obras del Tren Maya. El cambio ha generado suspicacias dentro del sector ambientalista, pues González Rosas tiene vínculos previos con el gobierno morenista de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena.

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Por su parte, la Semarnat otorgó en agosto una autorización de impacto ambiental a la Sedena para edificar la terminal con una inversión de siete mil 760 millones de pesos, estableciendo un plazo de 18 meses para su conclusión. No obstante, aclaró que el Ejército aún debe tramitar ante la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) el permiso para la instalación de dos tanques de almacenamiento de diésel de 240 mil litros cada uno, requisito que continúa pendiente.

El proyecto, que forma parte de la expansión logística del Tren Maya para transporte de carga, contempla 28 elementos de infraestructura, entre ellos bodegas, un recinto fiscalizador, alojamiento para la Guardia Nacional y almacenes de residuos peligrosos. Pese a ello, los ambientalistas sostienen que las obras comenzaron sin que se cumplieran todas las condiciones ambientales ni se detallara cómo se mitigarán los impactos sobre la fauna y el ecosistema.

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El Cemda espera ahora la resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, que deberá definir cuál de los dos juzgados federales será competente para conocer el fondo del asunto. Mientras tanto, la deforestación continúa en la zona aledaña al Aeropuerto Internacional de Cancún, en un contexto donde los tribunales parecen replegarse frente a los proyectos prioritarios del gobierno.

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